EL CIUDADANO ESCLARECIDO
Jorge Francisco Sáenz Carbonell
Quincena 1, Enero del 2002

   Uno de los personajes más conspicuos y discutidos que figuraron en el escenario costarricense de mediados del siglo XIX fue el General venezolano Don Juan José Flores, primer Presidente de la República del Ecuador.

   Don Juan José Flores, hijo del amorío del comerciante vizcaíno Juan José Aramburu con la criolla venezolana Rita Flores, nació en Puerto Cabello en 1800 y desde su adolescencia abrazó la carrera militar. Alistado inicialmente en el ejército realista, se unió después a las filas de los insurgentes bolivarianos, y era apenas quinceañero cuando empezó a distinguirse en el campo de batalla. En 1816 se le otorgó el grado de alférez y en los años siguientes continuó ascendiendo rápidamente, hasta llegar al generalato en 1826. Su don de gentes, sus aptitudes militares y la confianza que depositó en él Simón Bolívar lo llevaron además a desempeñar varios cargos de importancia, entre ellos el de Gobernador de la Provincia de Pasto y el de Comandante General del Departamento del Sur, nombre éste que se dio al Ecuador dentro de la Gran Colombia. Radicado definitivamente en suelo ecuatoriano, donde contrajo nupcias en 1824 con una aristocrática jovencita quiteña de trece años de edad, Doña Mercedes Jijón y Vivanco, se convirtió además en un acaudalado terrateniente. El 13 de mayo de 1830, cuando lo más granado de los elementos civiles, militares y eclesiásticos de Quito decidió que el Ecuador se constituyese en Estado libre e independiente, Flores fue encargado del mando supremo, y algunos meses más tarde se le designó como primer Presidente de la naciente República.

   La primera administración de Flores, que se prolongó hasta 1834, fue muy turbulenta y azarosa, y el autoritarismo del Presidente no contribuyó a su popularidad, a pesar de haber dictado importantes medidas progresistas. Sin embargo, después de hacer entrega de la primera magistratura al General Don Vicente Rocafuerte, tuvo la satisfacción de que la Convención Constituyente reunida en Ambato en junio de 1834 lo declarase Fundador, Defensor y Conservador de la República y además Primer Ciudadano del Ecuador. Durante la administración de Rocafuerte, el militar venezolano continuó siendo, en muchos sentidos, la personalidad dominante de la vida política ecuatoriana, aunque también dedicó tiempo a sus actividades agropecuarias y comerciales y a la poesía. Los versos que escribió en esta época se publicaron en un volumen titulado Ocios poéticos del general Flores. En uno de sus poemas exaltaba la tranquila existencia que decía llevar, alejado del mando supremo:

“... cuán diferente vida es la que gozo
en el silencio de mi selva umbría
de aquella que en otro tiempo pesaroso
en la silla del mando no dormía,
de aquel infeliz tiempo en que velaba
por el reposo de la patria mía.”

   Cierta vocación de mártir debía tener Flores, porque en 1839 aceptó complacidamente ser elegido nuevamente como Presidente de la República y revivir el tiempo “pesaroso” e “infeliz” de sus desvelos. En 1843 se sintió lo suficientemente fuerte como para promover la emisión de una nueva Constitución, que prolongó por ocho años su período presidencial. No pudo disfrutar siquiera dos años de la prórroga, ya que una serie de disposiciones tan inconsultas como impopulares y un imprudente enfrentamiento con la Iglesia Católica provocaron el estallido de una revolución en Guayaquil en marzo de 1845. Tres meses más tarde, tras fracasar en sus intentos por detener a los insurrectos, Flores hubo de partir al exilio, tras la firma de un convenio en que se le garantizaban sus bienes y su cargo de General en jefe y se acordaba pagarle la suma de veinte mil pesos y abonar a su esposa la mitad del sueldo que le correspondiese durante los dos años siguientes. Según se dijo entonces, el derrocado salía del Ecuador “inmensamente rico, dejando al país inmensamente pobre”. Con su caída concluyó el período histórico de quince años que se conoce como la época floreana en la historiografía del Ecuador.

     Flores se dirigió a Europa, y visitó sucesivamente la Gran Bretaña y Francia. Con el objetivo de regresar al Ecuador y recuperar el poder, aunque fuese por interpósita mano, trató de convencer a los gobiernos de esos países de respaldar una expedición para implantar una monarquía en el Ecuador y ofrecer la Corona a un príncipe europeo. Los ingleses y los franceses recibieron al expatriado con suma cortesía, y los segundos hasta le otorgaron la Legión de Honor, pero ni unos ni otros mordieron el anzuelo.

     El ambicioso exiliado tuvo mejor suerte en España, donde reinaba la adolescente Doña Isabel II, pero no gracias a ésta, sino a su madre Doña María Cristina de Borbón, quien había casado en segundas nupcias con Don Agustín Fernando Muñoz y Sánchez, Duque de Riánsares. Tanto la augusta señora como su no tan augusto consorte recibieron con mucho interés la propuesta de Flores para erigir un trono en Quito, sobre todo porque el hábil venezolano les planteó la posibilidad de que la hipotética corona ecuatoriana la ciñese uno de sus hijos, concretamente el niño de nueve años Don Agustín Muñoz y Borbón. El amor filial hizo perder la cabeza a Doña María Cristina y a su marido, que ya se veían convertidos en tronco de una nueva dinastía, y de modo más o menos secreto empezaron a ayudar a Flores en la financiación y organización de sus fuerzas expedicionarias, con el concurso del Ministro de Guerra.

     Lamentablemente para los designios de la Reina madre y el Duque, la noticia se filtró, y en agosto de 1846 un diario madrileño, que llevaba el adecuado y algo amarillista nombre de El Clamor Público, la hizo del conocimiento general. En España se armó una enconada polémica, y en muchos países de la América hispana un no menos soberano escándalo. Plenipotenciarios de Bolivia, Chile, el Ecuador, Nueva Granada y el Perú se reunieron para condenar la iniciativa, mientras se fortificaban las costas y se movilizaban los ejércitos. A fin de cuentas el Gobierno español tuvo que manifestar que no tenía arte ni parte en los planes de Flores, y la Gran Bretaña también metió cuchara en el asunto. Unos buques que Flores tenía en el estuario del Támesis para embarcar a sus soldados fueron embargados por las autoridades británicas, y éstas también abrieron proceso contra el capitán Richard Wright, a quien se había comisionado para organizar la pequeña escuadra. A fin de cuentas el Gabinete español tuvo que dimitir y el prestigio de Doña María Cristina quedó muy mal parado. El reinado de “Don Agustín I” y la dinastía Muñoz terminaron antes de empezar, y el niño que no fue Rey hubo de conformarse con el título de Duque de Tarancón, que le confirió su media hermana Doña Isabel II en noviembre de 1847. Murió soltero en París en 1855, a los dieciocho años de edad.

     El General Flores abandonó Europa a mediados de 1847, y después de visitar los Estados Unidos, Jamaica y su Venezuela natal, llegó a Panamá, entonces perteneciente a la Nueva Granada. Las autoridades neogranadinas tomaron muy a mal la presencia de tan incómodo personaje y le instaron a abandonar el país. A fin de cuentas, Don Juan José optó por dirigirse a Costa Rica, a donde llegó el 11 de julio de 1848. Le acompañaba un inteligente y culto periodista francés, Adolphe Marie, quien años más tarde llegaría a ser el primer Viceministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

     A pesar de todo el revuelo provocado por los planes para la expedición al Ecuador, el General Flores seguía siendo un personaje de mucho fuste, y la diminuta y aldeana Costa Rica se sintió increíblemente halagada de recibir a un huésped tan conspicuo. En aquel entonces era Presidente del Estado el Doctor Don José María Castro Madriz, joven de veintinueve años, cuyo gobierno había sido muy tormentoso. El bisoño gobernante, a quien entonces se llamaba habitualmente el General Castro (grado que le había conferido el obsequioso Congreso, aunque Don José María no hubiese estado nunca en un campo de batalla), hizo muy buenas migas con Don Juan José, quien llegó a adquirir sobre él una considerable influencia.

     Aún no se ha estudiado de modo específico el papel, bastante relevante por cierto, que desempeñó el General Flores en el escenario costarricense. Sin embargo, algunos historiadores sí han comentado su influencia en algunas decisiones trascendentales de la administración Castro, tales la emisión del decreto mediante el cual Costa Rica se declaró República soberana, en agosto de 1848. El Licenciado Don Lorenzo Montúfar, apasionado enemigo de esa declaratoria, escribió en su Reseña histórica de Centro América que

     "Este decreto en que tanta parte tuvieron los agentes del partido servil aristocrático de Guatemala y el general ecuatoriano Juan José Flores, quien contribuyó al fraccionamiento de la antigua Colombia, fue recibido con entusiasmo por los separatistas, y se le vio con pesar, con disgusto y con indignación por todos los hombres que en la América Central aspiran a la unidad de su patria.”

     De otros documentos, como cartas de Flores al Cónsul Chatfield y al Ministro de Gobernación y Relaciones Don Joaquín Bernardo Calvo Rosales, se deduce que Don Juan José tuvo alguna participación importante en otros asuntos de política interna, en defensa de la administración de Castro. Además, el militar venezolano también influyó mucho en el envío de la primera misión diplomática de Costa Rica a Europa y la solicitud planteada al Gobierno de la Reina Victoria para que la Gran Bretaña estableciese un protectorado sobre Costa Rica. Con respecto a este último proyecto, cabe recordar que dentro del juego geopolítico de las grandes potencias en aquella época, Guatemala y Costa Rica se hallaban en la esfera de influencia británica, mientras que El Salvador, Honduras y sobre todo Nicaragua respondían a los intereses de los Estados Unidos de América. El apetito de ambas potencias por el control de la hipotética vía interoceánica a través del río San Juan y el gran lago había hecho surgir entre ellas una sorda pugna, de la cual eran peones principales Costa Rica y Nicaragua. El sagaz, experimentado y por demás intrigantísimo Encargado de Negocios de la Gran Bretaña en Centro América, Frederick Chatfield, entabló de algún modo una excelente relación con el General Flores, y fue éste quien sugirió a Don José María Castro la posibilidad de solicitar al Gobierno de la Reina Victoria que estableciese un Protectorado sobre Costa Rica, petición que el Foreign Office denegó cortésmente.

     Flores también se valió de su cercanía con el Presidente Castro para hacer algunos negocitos de venta de fusiles y de tabaco con el Gobierno de Costa Rica, que le reportaron al parecer considerables ingresos. Don Cleto González Víquez escribió al respecto:

     "Esta privanza de un extranjero que hacía poco intentara restablecer en su patria una nueva monarquía española para darla a un hijo de Muñoz y María Cristina, no caía bien a todos los costarricense, por más que se tratase de un hombre eminente y de grandes atractivos personales."

     El Gobierno de Castro, para peores, no gozaba ya de muchas simpatías. A pesar de muchas realizaciones progresistas de su administración, el Doctor había enfrentado un sinfín de dificultades y para mediados de 1849 su situación era muy difícil, a pesar de que todavía faltaban cuatro años para que concluyese el período presidencial, que era de seis. Una tremenda crisis económica, provocada por el súbito descenso de los precios del café en Europa, y una serie de desaciertos y disgustos originados en mucho en la índole temperamental, inmadura y vanidosa del joven gobernante, habían minado considerablemente el respaldo con que contaba Castro, y constantemente surgían conspiraciones e intentonas golpistas en su contra, especialmente en la ciudad de Alajuela. La influencia que sobre el Presidente ejercía el General Flores, a quien algunos juzgaban un personaje muy peligroso, tampoco ayudaba a aumentar las acciones políticas de aquél.

     En tales circunstancias, y al parecer con el ánimo de ganarse algunas voluntades, el Gobierno decidió promover un proyecto para declarar Benemérito de la Patria a Don José Rafael de Gallegos y Alvarado, quien había sido personaje de mucho viso en la época de la independencia, Presidente de la Junta Superior Gubernativa de 1822, Jefe de Estado de 1833 a 1835 y encargado del poder de 1844 a 1845. Don José Rafael era un señor de edad y estaba alejado de toda participación en la política; además, sus administraciones habían sido en conjunto poco exitosas: su época como Jefe de Estado había terminado con la renuncia del gobernante y la anulación de su elección por una Asamblea Legislativa rencorosa, y su posterior interinato había sido violentamente interrumpido por un golpe militar. Sin embargo, el señor Gallegos, cuyas virtudes y honradez eran reconocidas por todo el mundo, disfrutaba de mucho prestigio entre sus conciudadanos y era además suegro de Don Mariano Montealegre Fernández, uno de los más opulentos cafetaleros del país. En consecuencia, la administración Castro podía obtener algunos dividendos políticos si le tributaba un homenaje.

     Sin embargo, como parecía típico, el Presidente demostró muy poco olfato político, ya que simultáneamente a la propuesta del Benemeritzago para Gallegos decidió promover otra para que el Congreso confiriese la condición de costarricense al polémico General Flores y lo declarase Ciudadano esclarecido de la República.

     Con anterioridad a esta iniciativa, el Legislativo costarricense había otorgado un solo Benemeritazgo: el conferido precisamente al doctor Castro, a escasos meses de haber ascendido al poder... Pero al menos había un precedente. Lo que no tenía ninguno era eso de la Ciudadanía esclarecida, palabreja esta última que suena mucho a la florida retórica del joven Presidente, famoso por sus discursos largos y verbosos.

     El 14 de junio de 1849, el titular de la cartera de Gobernación y Relaciones Don Joaquín Bernardo Calvo Rosales, quien había sido también Ministro de Don José Rafael de Gallegos, presentó a la consideración del Congreso dos proyecto de ley, uno destinado al Benemeritzago del ex Jefe y otro a la Ciudadanía esclarecida del militar venezolano.

     Con respecto a Gallegos, el Ministro manifestaba a los Diputados:

     "Este distinguido ciudadano que supo desempeñar con honor varios empleos en tiempos de la dominación española es uno de los próceres de nuestra Independencia y uno de los que posteriormente ha ejercido más destinos en el país. Así sus dilatados y antiguos servicios a la patria y sus virtudes sociales de que ha dado tantas pruebas le recomienda a la gratitud de la nación..."

     El lenguaje del Ministro era elogioso, pero muy parco en comparación con el alfombrismo patente en la propuesta de la Ciudadanía esclarecida para Flores:

     "Conoce Vuestra Excelencia cuán obligada está la República a su ilustre huésped el General Don Juan José Flores. El mérito de este héroe que la culta Europa ha honrado con eminentes distinciones, es otra cosa que todo Costa Rica palpa y admira y que no es preciso demostrar. hay hechos que hablan muy alto y que confundirían mi voz. Esos hechos han impuesto un deber a la Nación. El Ejecutivo desea que Vuestra Excelencia le cumpla..."

     (El Vuestra Excelencia de estos textos era el Congreso, que mediante una ley aprobada en 1848 se había autoconferido el tratamiento de Excelentísimo y se lo había otorgado también al Presidente de la República y a la Corte Suprema).

     Las dos iniciativas presentadas por el Poder Ejecutivo pasaron el 15 de junio a conocimiento y dictamen de la Comisión de Justicia del Congreso, integrada por los Representantes (denominación oficial de los Diputados de aquellos tiempos) Don Rafael Barroeta y Baca, Don Modesto Guevara Láscarez, Don Manuel Zamora y Don Nazario Toledo. Este último, guatemalteco de origen y médico de profesión, era considerado uno de los legisladores más adictos al Presidente, y también era persona muy cercana al General Flores, por lo que cabía esperar que en la Comisión de Justicia respaldase con calor la propuesta de la Ciudadanía esclarecida.

     Una semana más tarde, el 22 de junio, los cuatro miembros de la Comisión de Justicia rindieron su dictamen, que como era de suponer resultó unánimemente favorable a las iniciativas del Ejecutivo. El texto del dictamen, obra posiblemente del Doctor Toledo, no escatimaba elogios a la hora de referirse al General Flores y lo pintaba con caracteres casi mesiánicos:

     "El ilustre general Flores como defensor antiguo de los derechos políticos de los Americanos como uno de los distinguidos próceres de la independencia, como uno de los sabios americanos y por último como el más activo promovedor de las mejoras públicas en muchos puntos del continente Americano hace tiempo que es acreedor a la gratitud de sus connacionales y de todos los pueblos de América. Públicos son los buenos oficios que practicó en esta República desde que ingresó a ella y cuando la crisis política que se sufría hubiera tal vez terminado en un trastorno de funestas consecuencias. Considerando pues sus méritos personales, su alta posición social y los bienes que ha hecho al país con su intervención amistosa y sus luces justo es que se le obsequie si él tiene a bien aceptarlo, el derecho de costarricense declarándole ciudadano esclarecido de Costa Rica."

     Al lado de tan enjundioso y por demás exagerado cúmulo de alabanzas, el dictamen referido al Benemeritazgo de Gallegos resultaba parco y desvaído:

     "... no sólo es consistente que los pueblos vean premiados los servicios importantes que se les hacen, sin que los hijos de Costa Rica que se distinguen en sus servicios sean considerados, remunerados sus afanes y acatada su persona. Este es el ejemplo que las naciones de la antigüedad dieron a la Edad media y que los países civilizados nos han dado a nosotros, es el estímulo del patriotismo y el galardón del civismo más esclarecido. En tal concepto la Comisión opina de acuerdo con el Supremo Poder Ejecutivo..."

     De conformidad con la reglamentación interna del Congreso, los dictámenes de las Comisiones legislativas debían ser leídos y discutidos tres veces en el plenario, y posteriormente ponerse en votación junto con el proyecto respectivo. El Gobierno de Castro estaba al parecer muy interesado en el homenaje a Flores y por carambola en el de Gallegos, y dado que el Congreso se había caracterizado por ser su dócil instrumento, nada hacía suponer que las iniciativas enfrentarían contratiempos de ningún género.

     El 25 de junio se leyeron y se discutieron por primera vez en el plenario los dictámenes de la Comisión de Justicia, sin que suscitasen oposición. Todo parecía encaminado para que al día siguiente, el 26 de junio, se les diese segundo debate, y el 27 se procediese con el tercero y último.

     Sin embargo, el 26 de junio, al discutirse por segunda vez los famosos dictámenes, un Representante -cuyo nombre no se consignó en el acta de esa sesión- propuso, posiblemente con el ánimo de fastidiar, que el Congreso aprovechase la oportunidad para resolver sobre otra iniciativa presentada por el Ejecutivo el año anterior, y que se dirigía a reconocer los méritos del ex Vicepresidente Don Juan Rafael Mora Porras.

     Don Juan Rafael Mora, más conocido familiar y popularmente con el apelativo de Don Juanito, había sido Vicepresidente de la República de 1847 a 1849, y le había correspondido encargarse interinamente de la primera magistratura de febrero a abril de 1848, mientras el Doctor Castro efectuaba una visita a Puntarenas. Durante ese interinazgo de Mora se había producido en Alajuela una de las más peligrosas intentonas golpistas contra la administración, que fue aplastada por Mora con mucho celo y energía. Sin embargo, a su regreso a San José el Doctor Castro no demostró mayor reconocimiento por la conducta de su Vicepresidente, y al otorgar honores a quienes habían defendido al Gobierno omitió toda referencia a Don Juanito. Éste, posiblemente muy resentido por la actitud del Presidente y además distanciado de él por desacuerdos en cuanto a la marcha de la administración, presentó en junio siguiente su renuncia, que le fue aceptada casi de inmediato. Algunos meses más tarde, el 15 de diciembre de 1848, el Ejecutivo, casi que por compromiso, envió al Congreso un proyecto para que se declarasen los servicios de Mora importantes y dignos de la gratitud pública. La iniciativa, falta del impulso presidencial, se quedó durmiendo el sueño de los justos en alguna gaveta congresil.

     Ante tal panorama, la idea de exhumar el proyecto de homenaje a Don Juanito Mora resultaba en junio de 1849 inoportuna y extemporánea, por lo que cabe conjeturar que el oficioso proponente lo que pretendía en realidad era torpedear la esclarecida ciudadanía del General Flores y molestar al Doctor Castro. Sin embargo, el Gobierno no estaba ya en condiciones de imponer inexorablemente su voluntad al Congreso, y éste acordó suspender la discusión de las iniciativas referentes a Flores y Gallegos para que se rindiese dictamen sobre el proyecto relativo a Mora, que se encontraba sometido a la consideración de la Comisión de Hacienda.

     La Comisión de Hacienda no se tomó mucha prisa para opinar sobre el proyecto, ya que no fue sino hasta el 5 de julio que se leyó en el plenario su dictamen, que era favorable a la iniciativa. Al parecer eso hizo posible que al día siguiente se pudiese iniciar el tercer debate sobre la Ciudadanía esclarecida de Flores y el Benemeritazgo de Gallegos. Sin embargo, la discusión hubo de ser suspendida, para que el Congreso pudiese dar primer debate ese mismo día al dictamen de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de gratitud a Mora y todas las iniciativas pudiesen aprobarse juntas.

     El 10 de julio se discutió por segunda vez el dictamen referido a los servicios de Mora, con lo cual quedaba en el mismo pie que los proyectos para homenajear a Flores y Gallegos. Finalmente, el 11 de julio las tres iniciativas sufrieron el tercer debate. Los dictámenes de las Comisiones de Hacienda y de Justicia fueron aprobados en su totalidad, y al mismo tiempo el Congreso votó favorablemente los respectivos proyectos de ley: el que declaraba "importantes a la Patria y dignos de la gratitud pública" los servicios prestados por Mora a la Nación durante su interinato y le consagraba una expresión de gracias, el que confería a Gallegos el título de Benemérito de la Patria, y el que otorgaba al General Flores el de Ciudadano esclarecido de la República. Este último decía literalmente:

     "El Excelentísimo Congreso Constitucional de la República de Costa Rica, deseando dar al ilustre General Don Juan José Flores un testimonio de gratitud nacional por los importantes servicios que ha hecho a la República y que pertenezca a la familia costarricense el que tanto ha sabido apreciarla, decreta:

     Art. único. Se declara al Señor General Don Juan José Flores ciudadano esclarecido de la República.- Al Poder Ejecutivo. - Dado en el Palacio de los Supremos Poderes, en San José a las once días del mes de julio de mil ochocientos cuarenta y nueve.- Manuel José Carazo, Presidente.- Modesto Guevara, Secretario.- Agapito Jiménez, Secretario."

     Al Doctor Castro, quien estaba muy distanciado de Don Juanito, no le debe haber hecho ni pizca de gracia que el caluroso homenaje que deseaba rendir al General Flores terminase asociado con un tributo a su antiguo Vicepresidente. Además, a esas alturas, la expresión de reconocimiento a Mora, personaje inmensamente popular, sólo iba a servir para que la gente criticase al Gobierno por tardío y malagradecido. Lo cierto fue que el Presidente se tardó lo suyo en dar el Ejecútese a los tres proyectos: no fue sino hasta el 17 de julio, casi una semana después de aprobados, cuando Castro y el Ministro Calvo les pusieron sus firmas y los convirtieron en leyes.

     Como quiera que fuese, con la emisión de esta ley, el Fundador, Defensor y Conservador de la República y Primer Ciudadano del Ecuador quedó también declarado el 17 de julio de 1849 Ciudadano esclarecido de la República de Costa Rica y adquirió así una tercera nacionalidad, todo por obra y gracia del Doctor Castro y su obsequioso Congreso.

     El 30 de julio, después de que el flamante Ciudadano esclarecido recibió del Ministro Calvo el texto del decreto que le confería tal calidad, remitió a Don Joaquín Bernardo la siguiente nota:

“San José, 30 de Julio de 1849.

Al Señor Ministro de Estado
en el despacho de Gobernación

     He tenido el honor de recibir el decreto en que el Congreso de la Nación se ha dignado favorecerme con el honroso título de CIUDADANO ESCLARECIDO; y me complazco en manifestar mi profundo reconocimiento por tan señalada muestra de generosidad y benevolencia. Mas siento al mismo tiempo no poder aceptarla, ya por ser incompatible con los derechos que me corresponden de Ciudadano Ecuatoriano, ya porque no me considero acreedor a recompensa tan espléndida, que la Patria reserva para premiar los grandes servicios de sus hijos. Si alguna vez he contribuido con mi débil influjo a promover una razonable avenencia entre los buenos ciudadanos, y a encarecer la obediencia a las leyes y al Gobierno constitucional, apenas he cumplido con lo que me prescriben mis principios y con la gratitud que debo al país por la generosa hospitalidad que me ha dispensado y por las consideraciones personales que me ha prodigado su ilustre Presidente. Mas aun suponiendo que mis buenos oficios hubiesen sido de alguna utilidad, y por esto dignos de recomendación, perderían todo su mérito si no fuesen desinteresados y además se desvirtuarían los que pudiera ofrecer en lo sucesivo, como sospechosos de alguna mira personal. Por estas consideraciones parece que sólo debo aceptar la estimación a que me hiciere acreedor por mi comportamiento, vivir como extranjero muy agradecido y ser el primero en dar ejemplo de respeto a las leyes y a las autoridades constitucionales.

     Pido a Vuestra Señoría, por tanto, transmita estos sentimientos a Su Excelencia el Presidente, a quien ruego se sirva elevarlos al Congreso, asegurándole que mi gratitud será tan duradera, como es grande la generosidad que la produce y que en todas las situaciones de mi vida seré un celoso defensor de Costa rica y de su filantrópico gobierno.

     Con mi distinguida consideración ofrezco a Vuestra Señoría la seguridad de mis respetos con que me suscribo de Vuestra Señoría.

Obediente servidor

Juan José Flores”

     Dejando aparte todos los lirismos de la carta, muy de la época y del medio, posiblemente la razón principal de que Flores declinara el homenaje era la que señalaba al principio: que la concesión de ese honor podía menoscabar sus derechos como ciudadano del Ecuador. En la visión nacionalista predominante en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de aquellos tiempos solía perderse la nacionalidad por adopción de otra y estaba prohibido tener varias a la vez. Por consiguiente, la circunstancia de que Don Juan José aceptase la ciudadanía costarricense, aunque fuese a título honorífico, podía ser un magnífico pretexto para despojarle de la ecuatoriana y vedarle definitivamente la posibilidad de volver a la primera magistratura del país sudamericano, que era su sueño dorado.

     De la carta podía deducirse que ni a Don José María Castro ni a nadie se le había ocurrido preguntarle al "ilustre huésped" si estaba dispuesto a aceptar el homenaje y a incorporarse a "la familia costarricense". Semejante omisión no tenía excusa, porque el asunto tenía casi un mes de estarse discutiendo. En todo caso, posiblemente Flores estaba más que enterado de lo que se planeaba, porque el debate no era confidencial y de todos modos había pocos secretos en la San José de 1849; pero si así fue, Don Juan José no se tomó la molestia de externar su opinión al Presidente o a su acólito Toledo durante el trámite del proyecto, o si lo hizo, eso no alteró el curso de los acontecimientos.

     El 4 de agosto de 1849, el semanario oficial El Costarricense publicó la carta del General, aplaudió sus razones patrióticas, y como para disimular o al menos paliar el ridículo del Gobierno, indicó, en tono compungido, que el Congreso no pretendía afectar los derechos y deberes de Flores, sino manifestarle su gratitud por los importantes servicios brindados.

     Después del palmo de narices con que se quedó el Gobierno de Castro, durante muchos decenios no se volvió a hablar en Costa Rica de declarar Ciudadano esclarecido a nadie, ni de aumentar con miembros forzosos la familia costarricense. No fue sino hasta junio de 1920, setenta años después, que en el llamado Congreso Restaurador se decidió premiar con la dignidad de Ciudadano de Honor de Costa Rica los servicios prestados por el médico francés Antonio Giustiniani y Casabianca en la lucha contra el autoritario régimen del General Don Federico Tinoco. El Doctor Giustiniani, quien residía desde hacía muchos años en Costa Rica y estaba casado con Doña María Luisa Millet Alvarado, aceptó emocionadamente el homenaje.

     A pesar de haber declinado la famosa Ciudadanía esclarecida, el General Flores permaneció en Costa Rica y continuó teniendo una importante influencia sobre Don José María Castro. Sin embargo, los días de la administración del Doctor estaban contados: ante la inminencia de un golpe militar, Castro se vio obligado a separarse del poder el 15 de noviembre de 1849, y al día siguiente firmó su renuncia. Ésta fue admitida con fingidas muestras de pesar por el Congreso, quien además le confirió al dimitente el título de Fundador de la República. Es posible que esta decisión legislativa haya sido inspirada en la circunstancia de que el Ecuador le hubiese otorgado el mismo título a Flores.

     Como en aquellos momentos no había Vicepresidente de la República, la primera magistratura recayó en el Diputado Don Miguel Mora Porras, hermano de Don Juanito. Éste, sin embargo, había salido triunfante en los comicios efectuados para elegir nuevo Vicepresidente, y en esa calidad ascendió al poder el 26 de noviembre de 1849. Poco después fue elegido para terminar el período de Castro, que expiraba en 1853.

     Durante los primeros años de gobierno de Don Juanito, el General Flores tuvo algunos disgustos serios, debido a la amistad que seguía manteniendo con el ex Presidente Castro, considerado por aquel como su principal adversario en potencia, y alguna vez estuvo a punto de ser expulsado del país. En todo caso, el horizonte político costarricense era demasiado estrecho para sus miras, y en 1851 Flores abandonó el país y se dirigió a Chile y después al Perú. Desde este último país dirigió en 1852 una expedición para recuperar el poder en el Ecuador, que fracasó aparatosamente. No fue sino hasta 1860 cuando, por invitación del Presidente ecuatoriano Don Gabriel García Moreno, pudo regresar a su patria adoptiva, después de quince años de exilio.

     El General Flores fue calurosamente recibido en Quito y le fueron devueltos sus bienes y honores. En los años siguientes, el Primer Ciudadano del Ecuador volvió a participar activamente en la vida política y militar del país, e incluso presidió la Asamblea Constituyente de 1861 aunque no manifestó intenciones de volver a la primera magistratura. Murió el 1° de octubre de 1864, a bordo del buque Sinyrk, en una travesía de la isla de Puná a Guayaquil, a los sesenta y cuatro años de edad. El gobierno de García Moreno declaró tres días de luto nacional, hizo sepultar su cuerpo en la Catedral de Quito e inscribir en su tumba el epitafio AL PADRE DE LA PATRIA, EL PUEBLO, AGRADECIDO.