El golpe de estado de Frankfort
Jorge Francisco Sáenz Carbonell
Quincena 1, Octubre del 2001

     Al iniciarse el año 1852, era Presidente de Costa Rica el comerciante y cafetalero Don Juan Rafael Mora Porras, elegido en 1849 para concluir el período de seis años para el que había sido elegido originalmente el Doctor Don José María Castro Madriz en 1847. Mora, conocido por propios y extraños con el apelativo de Don Juanito, gozaba de una considerable popularidad, y aunque su administración no había estado exenta de momentos difíciles, contaba con mucho mayor estabilidad que la de Castro, jalonada por un sinfín de conjuras y revoluciones y terminada anticipadamente ante la amenaza de un pronunciamiento militar.

     El ordenamiento constitucional vigente en esa época -la Constitución de 1848 y, subsidiariamente, la de 1847- hacía del Presidente de la República un gobernante casi absoluto, que podía extender su autoridad prácticamente a todos los asuntos públicos, sin más valladares que los derechos civiles y políticos (fácilmente suspendibles) de los ciudadanos, y el principio de separación de los poderes, algo debilitado por el hecho de que el Vicepresidente de la República era, por esa sola condición, Presidente nato del Poder Legislativo. 

     Durante sus primeros años en el poder, Don Juanito Mora había tenido, como el Doctor Castro, la ventaja de un Congreso relativamente sumiso, que aprobaba con facilidad las iniciativas del Ejecutivo. Además de que el número de sus miembros era muy pequeño, el Congreso, por disposición constitucional, tenía sólo de dos a tres meses de sesiones ordinarias, y rara vez era convocado a extraordinarias, en las cuales de todos modos únicamente podía conocer de los asuntos que el Ejecutivo le sometiese. Durante los largos recesos de la cámara funcionaba la llamada Comisión Permanente, un cuarteto de Representantes que se elegía al concluir las sesiones ordinarias, pero no tenía funciones legislativas propiamente dichas. 

     A principios de 1852, el Poder Ejecutivo tenía interés en que se aprobasen cuanto antes algunos proyectos de ley cuyo conocimiento exclusivo tocaba al Congreso. Entre esos proyectos figuraban uno dirigido a aprobar el tratado Molina-Webster de 10 de julio de 1851, mediante el cual se formalizaban las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y los Estados Unidos de América, y otro relativo a la emisión de una nueva ley orgánica del Poder Judicial. Este último había sido redactado por dos jóvenes abogados de notorio talento, el cartaginés Don Julián Volio Llorente y el guatemalteco Don Lorenzo Montúfar y Rivera.

     El jueves 8 de enero, el Ejecutivo llamó al Congreso a sesiones extraordinarias, y éstas se iniciaron el lunes 12. Presidía la cámara Don Francisco María Oreamuno Bonilla, Vicepresidente de la República, y estaban presentes diez de los doce Representantes que la componían: Don Rafael Barroeta y Baca, Don Adriano María Bonilla y Peralta, Don Modesto Guevara Láscarez, Don Juan de Dios Marchena y Nava, Don Miguel Mora Porras (hermano del Presidente), el Presbítero Don Juan Rafael Reyes y Frutos, Don Tomás Sandoval y Jiménez, Don Saturnino Tinoco y López del Cantarero, Don Nazario Toledo y Don Manuel J. Zamora. La mayoría de los legisladores era adicta al gobierno, pero había otros que le resultaban "incómodos", especialmente el único clérigo del Congreso, el padre Reyes, personaje de mucho prestigio y lucida oratoria, y Don Nazario Toledo, médico guatemalteco que residía desde hacía años en Costa Rica y era persona cercana al depuesto Presidente Castro.

     A la segunda sesión, celebrada el miércoles 14, asistió Don José Antonio Chamorro, uno de los Representantes que habían faltado a la primera, y que era cuñado del Presidente por su matrimonio con Doña Juana Mora Porras. El otro, Don Santiago Fernández Hidalgo, no apareció sino hasta muchos días después.

     Los primeros días de sesiones transcurrieron sin incidentes. El tratado con los Estados Unidos fue aprobado con suma rapidez, y el Congreso se puso a estudiar otro asunto relacionado con las rentas del recién creado Obispado de Costa Rica. Nada hacía presagiar la tormenta que se avecinaba. Ésta empezó a formarse el martes 20 de enero, cuando el Poder Ejecutivo, por medio del Ministro de Gobernación y carteras anexas Don Joaquín Bernardo Calvo Rosales, presentó a la consideración de la cámara el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial. 

     El texto preparado por los Licenciados Volio y Montúfar estaba bien concebido y tenía muchos aspectos ventajosos; sin embargo, no le faltaban deficiencias. Una de las más graves era que, en ciertas cosas, se apartaba con la mayor frescura de la letra y el espíritu de las normas constitucionales vigentes. Por ejemplo, en él se disponía que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia fuesen elegidos popularmente, a pesar de que el artículo 91 de la Constitución de 1848 expresamente señalaba que debían ser nombrados por el Congreso.

     De conformidad con las normas que regulaban las actividades del Poder Legislativo, las doce páginas del proyecto y la exposición del Ejecutivo que lo acompañaba fueron leídos en el plenario legislativo el miércoles 21 de enero. Ocho Representantes decidieron acoger la iniciativa como proyecto propio, lo cual parecía asegurar que sería aprobada sin contratiempos. Al día siguiente, sin embargo, empezaron las dificultades: algunos legisladores se habían percatado de que varios artículos del proyecto estaban en abierta contradicción con las normas constitucionales, y consideraban que entonces se estaba en presencia de un proyecto de reformas a la Carta fundamental, materia para la cual no tenía iniciativa el Poder Ejecutivo. Hubo un largo debate sobre esos y otros puntos, y finalmente se acordó pasar el asunto a dictamen de la Comisión de Justicia. En la decisión salvó su voto el Doctor Toledo. 

     En una democracia liberal de a de veras, como la que existía en la Gran Bretaña, los Estados Unidos de América e incluso en el Imperio del Brasil, un episodio como el que tuvo lugar en el Congreso costarricense el 21 de enero hubiese sido considerado por tirios y troyanos algo perfectamente normal y rutinario. Sin embargo, al Presidente Mora, acostumbrado a que el Legislativo actuase con docilidad ovejuna, no pareció gustarle nada la polémica desatada en torno al proyecto de ley orgánica del Poder Judicial, y menos aún el protagonismo que en ella había tenido Don Nazario Toledo, dada su cercanía con el Doctor Castro. Mora consideraba, y siempre consideró, que el ex Presidente era el más peligroso de sus enemigos políticos, y aunque Don José María nunca quiso asumir el papel de líder de la oposición que le había asignado gratuitamente el gobierno, éste lo miraba con sumo recelo y lo hizo objeto de persecuciones y molestias en reiteradas oportunidades. Como quiera que fuese, lo sucedido en el plenario legislativo generó un enorme desagrado en Don Juanito, quien decidió cortar por lo sano con aquellos aleteos de independencia, mediante una complicada maniobra. 

     El historiador Don Armando Rodríguez Porras, en su obra Don Juan Rafael Mora y la guerra contra los filibusteros, atribuyó la actitud del Presidente a su temperamento voluntarioso y a los planes que había concebido para su reelección en los comicios de 1853:

"Por su carácter autoritario y su inveterada costumbre de hacerse obedecer, primero en el hogar y luego en el mundo de los grandes negocios, no se resignaba a doblegarse ante nadie en el campo de la política… Pensaba que la obediencia que se le debía llegaba hasta la negación de ajeno criterio en beneficio de su voluntad autoritaria. No concebía que en el Congreso se discutieran sus iniciativas y, mucho menos aceptaba críticas para ellas… unos cuantos diputados se permitían la osadía de pensar por su cuenta, y esto no era del agrado del señor Mora: él deseaba unanimidad… Si Don Juanito tenía planes para un futuro político inmediato, no se sabe… pero todas las circunstancias tienden a confirmar su existencia. Su preocupación por la unanimidad en el Congreso no tiene otro modo de explicarse. La minoría, que según él no le era adicta, no podía estorbarle en forma seria para su gestión administrativa… En cambio, para el caso de futuras elecciones, sí era muy importante tener todo esto en la mano, y mucho más…"

     El miércoles 28 de enero, el Presidente sorprendió a sus compatriotas dirigiendo un manifiesto "a los pueblos de la República", en el que anunciaba su decisión de separarse de la primera magistratura y expresaba, entre otras cosas:

"Vosotros ignoráis que hay un corto número de hombres consagrados exclusivamente a destruir los actos del Gobierno. Ignoráis también que el Gobierno es inocente del mal e injusticias que os hacen en su nombre. Ignoráis también que un corto número de vuestros representantes es el obstáculo que el Gobierno encuentra para cualquier medida que pretenda dar en vuestro favor. Ignoráis también que si no se ha cumplido vuestro deseo de tener asegurada vuestra honra y propiedad con una recta Administración de justicia, es debido a esos hombres que el Gobierno ha encontrado a cada paso y que no tienen otra mira que sus propios intereses. Ignoráis también que esos hombres sólo males os han causado cuando han tenido el poder en sus manos… Todo eso ignoráis, y todo esto debéis saber; porque este es el motivo que me obliga a separarme de la Presidencia de la República... me separo, pues, porque no quiero ser responsable del atraso y decadencia de mi patria… me separo, en fin, porque mientras permanezcan en el país ciertos hombres cuyas tendencias anárquicas son bien conocidas, se hace imposible dar a Costa Rica la perfecta tranquilidad que necesita…"

     Era obvio que en el berrinche presidencial había algo mucho más grueso que el atraso sufrido en el Congreso por el proyecto de ley orgánica de tribunales o el cuestionamiento hecho a las facultades del Ejecutivo para iniciar el trámite de una reforma constitucional. Los durísimos y por demás injustos términos que Don Juanito dedicaba a los Diputados opositores no sólo apuntaban hacia éstos, sino que, sumando dos y dos, podían recaer con facilidad en el ex Presidente Castro. 

     Al tiempo que hizo circular este documento, Don Juanito, por medio del Ministro Calvo, solicitó al Congreso que se declarase "en sesión permanente para ocuparse de cierto negocio importante" y le envió su carta de renuncia, concebida en términos muy similares a los del manifiesto. En esa nota, fechada el mismo 28 de enero, además de hacer al Congreso responsable de la conservación de la tranquilidad pública y de indicar que sus miembros eran los llamados a "salvar" a la Nación, decía:

"… convencido de que mientras el Poder Ejecutivo encuentre la clase de oposición que se le hace, desleal, intérprete de pasiones rastreras, de intereses privados, desnuda en fin del menor sentimiento patriótico, no le es posible hacer ningún bien, renuncio formalmente la Presidencia de la República y quedo esperando la resolución del Excelentísimo Congreso fuera del despacho, del cual me separo desde este momento."

     La dimisión de Mora era una mera pantomima y en ella sólo faltaba un Dios guarde me la acepten. Don Juanito ciertamente hizo abandono de su despacho, ubicado en el mismo edificio donde sesionaba el Congreso, y fue para su casa, pero se cuidó muy bien de llamar a ejercer interinamente el poder al Vicepresidente Oreamuno, y en consecuencia siguió siendo gobernante titular y efectivo.

     La mayoría oficialista de la cámara se horrorizó o fingió horrorizarse al enterarse de la dimisión del Presidente, y con suma presteza la sometió al dictamen de la Comisión de Credenciales y Renuncias, integrada por Don Rafael Barroeta y Don Saturnino Tinoco. Esta Comisión se apresuró a su vez a calificar de infundada la renuncia, recomendó que se llamase al primer mandatario a ejercer su cargo y dijo además

"… que la Constitución y las leyes secundarias daban al Ejecutivo facultades para promover la felicidad de los pueblos, de una manera amplia; que por consiguiente podía remover los obstáculos que se opusiesen a tan santa misión, obrando dentro del círculo de sus facultades…"

     Cuando el plenario se dispuso a conocerse del dictamen de Barroeta y Toledo, Don Miguel Mora solicitó que se le excusase de participar en su discusión, dada su condición de hermano del dimitente. No se sabe si la petición de Don Miguel era también un recurso escénico o si efectivamente obedecía a una cuestión de delicadeza; sin embargo, sus compañeros de cámara votaron en contra de sus pretensiones. Acto seguido, se puso en discusión el dictamen, que como era de suponerse, fue aprobado en todas sus partes, y se acordó solicitar a Don Juanito que reasumiese el mando. Los Representantes Don Tomás Sandoval y Don Saturnino Tinoco fueron designados por el Congreso para poner la resolución legislativa en conocimiento del Presidente de la República.

     Don Tomás y Don Saturnino regresaron poco después al recinto legislativo con la nota de respuesta que por medio del Ministro Calvo daba Don Juan Rafael. En esa comunicación se expresaba que a pesar del honor que le dispensaba el Congreso, el Presidente mantenía su decisión de separarse del mando, y se solicitaba a los Representantes que designasen a la persona que debía asumirlo, "para que los pueblos no queden acéfalos".

     La petición del primer mandatario, además de ociosa, era inconstitucional, puesto que la Carta fundamental claramente establecía que el Vicepresidente de la República era el llamado a ejercer el mando en los casos de muerte, renuncia o de cualquiera otra falta temporal, accidental o perpetua de aquél, y el Congreso no tenía arte ni parte en la designación de otro posible sucesor. Obviamente, de haber sido su renuncia auténtica y sincera, Don Juanito se hubiese limitado a llamar a Don Francisco María Oreamuno a ejercer el poder mientras la cámara resolvía sobre la dimisión y pare de contar. Sin embargo, y a pesar de que el mismísimo Oreamuno presidía la sesión, los legisladores decidieron dar curso a la petición del supuesto dimitente, y la sometieron a la Comisión de Credenciales y Renuncias, aumentada para ese solo efecto con Don Adriano María Bonilla y Peralta y Don Modesto Guevara Láscarez.

     Como sin duda lo esperaba Don Juanito, la Comisión ampliada reiteró lo dicho en el dictamen de la ordinaria y recomendó manifestar al Presidente

"… que si no vuelve a encargarse en el acto del Poder Ejecutivo responderá ante Dios y la Nación de las consecuencias de la acefalía en que deja la República."

     Ni siquiera a los Representantes "incómodos" se les ocurrió acordarse de que la famosa acefalía sólo existía en la imaginación de Don Juanito, y el dictamen fue aprobado en todas sus partes, con lo cual se levantó la sesión. Afortunadamente para Mora, al Vicepresidente Oreamuno no sentía la más mínima ambición por la primera magistratura y no hizo el menor intento tampoco para que se recordase que él era el llamado a asumirla. La verdad, al señor Oreamuno le interesaban muy poco los cargos públicos, y bien lo había demostrado en 1844, cuando sin esperar a que se admitiese su renuncia abandonó de hecho la Jefatura del Estado, para la que había sido elegido muy a su pesar.

     Como para dar más visos de veracidad a la comedia de la acefalía, Don Juanito se marchó el mismo 28 de enero a su hacienda cafetalera Frankfort, ubicada en Las Pavas, al oeste de San José, y allí esperó el desarrollo de los acontecimientos.

     Aquella noche, los costarricenses se fueron a dormir sin saber a ciencia cierta si tenían Presidente o no. En teoría, Don Juanito se había separado del mando supremo, pero no había llamado al Vicepresidente a ejercerlo, y en consecuencia, también en teoría, el país había quedado acéfalo. En realidad, Mora seguía teniendo muy bien agarradas las riendas del poder, y desde Frankfort se preparaba para dar un escarmiento a sus opositores.

     El jueves 29 de enero, los Representantes se encontraron con que Don Juanito todavía no había reasumido la primera magistratura. Demostrando muy poco olfato político, algunos legisladores parecieron creer que lo de la renuncia iba en serio, y sugirieron que se convocase a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta fundamental. Don Francisco María Oreamuno propuso enterar de esta iniciativa a Don Juanito, "como un medio de conciliar el desagrado que motiva su separación del mando". La idea fue aprobada; para ponerla en ejecución se nombró una comisión integrada por el propio Oreamuno y los Representantes Don Rafael Barroeta y Don Modesto Guevara, y además se acordó instar

"… a los principales vecinos de esta capital a efecto de que se sirvan acompañar a la Comisión nombrada y unir sus esfuerzos a los de ésta para alcanzar el fin que se ha propuesto el Congreso."

     La embajada legislativa se trasladó enseguida a Frankfort, donde fue recibida por el Presidente, pero como era de suponerse, la idea de una Constituyente no le pareció ni regular a Don Juanito. Éste -posiblemente muy regocijado en su fuero íntimo al ver que el Congreso estaba cumpliendo a la maravilla su papel en el sainete- manifestó a Oreamuno y compañía que

"… únicamente volvería a ocupar la silla, si el Excelentísimo Congreso le concedía facultades omnímodas, prometiendo que no haría mal uso de ellas."

     Así de simple era la cosa. Detrás de los lastimeros ayes del primer mandatario y de su palabrería sobre los hombres de tendencias anárquicas que obstaculizaban su gestión y causaban el mal, todo lo que había era el anhelo de Don Juanito de tener más poder, más del que ya le daba, y muy generosamente por cierto, la Constitución de 1848, inspirada en un presidencialismo extremo. Para peores, la única garantía de que aquello no equivaldría a la entronización de una dictadura era su promesa de que no haría "mal uso" de las facultades omnímodas, tan vaga e incierta como la de un niño que después de un berrinche ofrece portarse bien.

     El Congreso, dicho sea de paso, no tenía potestad alguna para conceder al Presidente más facultades que las que le otorgaba la Constitución. Por mucho que la abrumadora mayoría gobiernista de la cámara quisiese obsequiar los deseos de Don Juanito, le era imposible hacerlo sin violar de modo flagrante los textos constitucionales. Cabía, por supuesto, la posibilidad de reformar éstos, pero ya Mora había rechazado la posibilidad de una Asamblea Constituyente y nada parecía indicar que apoyaría la idea de una modificación parcial. Este último camino, además, podía resultar peligroso, porque las reformas parciales a la Constitución debían ser aprobadas por tres cuartas partes de los Representantes presentes, y aunque de momento sólo el padre Reyes y el Doctor Toledo demostraban beligerancia opositora, su actitud podía contagiar a dos o tres legisladores más y dar al traste con cuanto proyecto se presentase.

     Cuando ese mismo jueves la Comisión dio cuenta del escaso éxito de su visita a Frankfort, y de los deseos del primer mandatario con respecto a la concesión de facultades extraordinarias, el Doctor Toledo y el padre Reyes, indudablemente hastiados de tanta farsa y con legítimo derecho a sentirse muy ofendidos por las injurias que sin mencionar sus nombres les había dedicado Don Juanito en los documentos de la víspera, manifestaron

"… que siempre habían prestado sus servicios a Costa Rica en la persuasión de que procuraban su bien, pero que si su permanencia en la silla era perjudicial al país, estaban dispuestos a separarse de ella y que al efecto dirigirían sus renuncias al Ministerio para que el conocimiento de ellas se incluyese en la convocatoria."

     La digna actitud de Toledo y Reyes no impresionó a la mayoría oficialista. Uno de los miembros de ésta, el alajuelense Don Tomás Sandoval, propuso acto seguido que se autorizase omnímodamente al Ejecutivo para que obrase como lo tuviese por conveniente, "a fin de asegurar la tranquilidad", y para emitir (por sí y ante sí) la ley orgánica del Poder Judicial. Con base en qué, o a título de qué, se extendería semejante autorización, fue cosa que Don Tomás se abstuvo muy bien de precisar.

     Por mucho que Don Juanito se hubiese "separado" de la Presidencia, las ruedas de la maquinaria gobiernista seguían girando. No había aún terminado la agitada sesión legislativa de aquel jueves, cuando llegó al Congreso un acuerdo de la Municipalidad de Alajuela, ciudad que era muy afecta a Mora y albergaba hondos resentimientos contra el ex Presidente Castro. La resolución alajuelense era todo un poema y casi que en ella sólo faltaba pedir al Poder Legislativo la canonización de Don Juanito:

"… estando esta Corporación íntimamente convencida del tino, prudencia, sabiduría, patriotismo, lenidad, buena fe y respetabilidad a la Constitución y a las leyes que han caracterizado a la presente Administración desde 1849 hasta el presente, como está suficientemente acreditado en su conducta práctica, que le honra altamente tanto en el interior como en el exterior, acordó: suplicar al Congreso no admitir la renuncia y al Presidente continuar en el mando y salvar al virtuoso pueblo costarricense de los males que le amenazan, porque no es regular que triunfe un corto número sobre las ruinas de la patria, cuya salud es la primera ley; contando al efecto con el débil apoyo de esta corporación y de la provincia que representa."

     (Como escribió Don Cleto González Víquez, "en esta letanía de atributos no se omitieron más que los de fortaleza y templanza").

     La enrarecida atmósfera política que reinaba al atardecer de aquel interminable jueves alarmó a los legisladores adversos a Mora, y también a otros que no lo eran tanto. Don Adriano Bonilla, Don Juan de Dios Marchena, el padre Reyes, Don Nazario Toledo y Don Manuel J. Zamora, temerosos de las consecuencias que podía acarrearles su presencia en la cámara en tales circunstancias, y quizá ya oliéndose una reacción virulenta del Presidente de la República, decidieron solicitar licencia para dejar de asistir a las sesiones del Congreso. El Presbítero Reyes anunció además que dejaría su curul a partir de mayo, mes en el que debía iniciarse las sesiones ordinarias.

     Al día siguiente, cuando llegó la hora de abrir la sesión, sólo estaban presentes en el recinto legislativo el Vicepresidente Oreamuno, Don Nazario Toledo y la flor y nata de la fracción gobiernista, encarnada en los Representantes Barroeta, Chamorro, Fernández, Mora y Tinoco. Con excepción de Toledo, los autores de las solicitudes de licencia habían preferido no aparecerse del todo, y también algunos legisladores de confesa filiación morista, como Don Tomás Sandoval, habían optado por la desbandada. 

     Después de que se aprobó y firmó el acta de la sesión anterior, se leyeron en el plenario las cinco solicitudes de licencia. El Congreso, quizá con el ánimo de dar tiempo a que se serenasen los ánimos y se resolviese el asunto de la renuncia del Presidente, acordó que serían tomadas en consideración cuando se presentasen los respectivos suplentes. Acto seguido se dio lectura a una moción planteada por el Vicepresidente Oreamuno y todos los Representantes presentes, con la muy obvia excepción del Doctor Toledo, dirigida a que el Congreso suplicase de nuevo al Presidente

"… no abandone la suerte del país a una cierta y evidente anarquía, resistiendo volver a la silla presidencial, comprometiéndose el Excelentísimo Congreso a sostenerlo, dictando todas las medidas que le proponga el Gobierno para afianzar la tranquilidad pública, en la seguridad de que no hará mal uso de ellas."

     Dado que la servilísima iniciativa la patrocinaban seis de los siete asistentes a la sesión, era previsible que sería aprobada y en efecto lo fue. Después de eso se conoció de una nota del Ministro Calvo, en la que informaba sobre el veto interpuesto por el Ejecutivo a un proyecto de ley recientemente aprobado por el Congreso sobre la negociación de un concordato entre Costa Rica y la Santa Sede, y por último se levantó la sesión.

     Sin embargo, Don Juanito Mora ya no estaba de humor para más jueguitos de renuncias y súplicas, y quizá la actitud del Congreso (o de la mayoría gobiernista presente en la sesión de ese viernes) terminó de envalentonarlo para tomar una medida que carecía de precedentes en la historia de Costa Rica, aunque no en la de otros países hispanoamericanos: declarar disuelto el Congreso.

     El mismo 30 de enero, en su hacienda Frankfort, donde todavía se encontraba, el Presidente emitió un insólito decreto, que decía literalmente:

"Juan Rafael Mora, Presidente de la República de Costa Rica.

Considerando:

1° que no habiéndose admitido por el Congreso la formal renuncia que le presenté de la Presidencia de la República, soy responsable ante Dios y ante la Nación de los males que a ésta se sigan en el estado actual de los acontecimientos; y

2° Que en el seno del Excelentísimo Congreso existen Representantes, cuyas tendencias revolucionarias son conocidas, y quienes lejos de ocuparse de los intereses del país, sólo tienen por objeto minar lentamente las instituciones sociales y promover un trastorno público, que precisamente daría por resultado la anarquía y la desolación. No llenando por esto la Representación Nacional los altos fines de su institución, demarcados por las leyes: para salvar a la República de los males que son consiguientes; y en uso de las amplias facultades que me confiere la Constitución, he venido en decretar y decreto:

Art. 1° Se declara disuelto el Excelentísimo Congreso Nacional; y en consecuencia las asambleas electorales procederán a nuevas elecciones de Representantes principales y suplentes para la total renovación de este alto Cuerpo, a cuyo efecto se librarán las órdenes que corresponden.

Art° 2. Entre tanto, continuará en sus funciones la actual Comisión permanente, reuniéndose con puntualidad y con la plenitud de sus miembros en los períodos señalados por la ley.

Art° 3. El Ministro de Gobernación queda encargado del cumplimiento del presente decreto. 

Dado en la hacienda de Frankfort en las Pavas a los treinta días del mes de enero de mil ochocientos cincuenta y dos.- Juan Rafael Mora.- Al Ministro de Relaciones y gobernación Sr. Dn. Joaquín Bernardo Calvo."

     La inusitada decisión presidencial de disolver el Congreso debido a la oposición que dos o tres legisladores hacían a su administración, resultaba totalmente antidemocrática y por demás desproporcionada. Pero además, al decir que lo hacía en uso de las amplias facultades que le confería la Constitución, el primer mandatario faltaba a la verdad. Costa Rica no tenía un régimen de naturaleza parlamentaria, y la cámara no podía legalmente ser disuelta en ninguna circunstancia ni por motivo alguno, por mucho que simultáneamente se anunciase la convocatoria de nuevas elecciones. La Carta de 1848, aunque servía para justificar o mejor dicho alcahuetear, muchas actuaciones poco democráticas de las autoridades, no llegaba al extremo de autorizar ni tácita ni expresamente una medida semejante. Como expresó Don Cleto González Víquez, el decreto era "inconstitucional de punta a punta". En rigor de verdad, aquello era, pura y simplemente, un atentado contra el código político fundamental de la República y por tal motivo la actuación de Don Juanito quedó en la historia patria con el apelativo de "golpe de Estado de Frankfort". En cuanto a la subsistencia de la Comisión Permanente, desde el punto de vista jurídico resultaba un mal chiste, ya que su autoridad derivaba del difunto Congreso.

     De conformidad con el inciso segundo del artículo 78 de la Constitución de 1848, el que ejercía el Poder Ejecutivo incurría en responsabilidad cuando violaba la Constitución "y representándoselo persiste en la violación". Ahora bien, la misma Carta fundamental disponía en el artículo 103 que tal responsabilidad sólo podía ser exigida por el Congreso, por dos terceras partes de sus miembros. En el mundo perfecto de las ideas platónicas, los integrantes de la Cámara disuelta podrían haberse reunido para declarar la responsabilidad de Don Juanito y suspenderlo del ejercicio de la Presidencia, pero la Costa Rica de 1852 distaba muchas leguas de tal perfección, y ninguno de los Representantes cesados se aventuró siquiera a insinuar la posibilidad de pedir cuentas al Presidente. 

     Lo peor del caso es que la disolución del Congreso, además de vistosamente inconstitucional, era innecesaria: para silenciar a los Representantes fastidiosos, al Ejecutivo le hubiera bastado el sencillo expediente de retirar todos los proyectos presentados a la consideración de la cámara y dar por concluidas así las sesiones extraordinarias. Ciertamente, el 1° de mayo siguiente debían iniciarse las nuevas ordinarias, pero antes de eso se tenían que verificar elecciones para renovar la mitad del Congreso, y no hubiese sido demasiado difícil para el Gobierno asegurarse que los nuevos Representantes fuesen gentes afines al morismo. Sin embargo, Don Juanito al parecer estaba empeñado en hacer sentir su poder y además en emitir, a como fuese, la famosa ley orgánica del Poder Judicial, y no se detuvo a considerar otros caminos.

     Con la disolución del Congreso quedó el Ejecutivo como dueño y señor absoluto del escenario político, y enseguida la emprendió contra los círculos opositores. Sin juicio ni nada que se le pareciera, porque sí, el Gobierno decidió expulsar del país a los ex Representantes Reyes y Toledo, al ex Presidente Castro, y a otro personaje cercano a éste, Don Bernardo Rivera Cabezas. A pesar de que tales destierros carecían de justificación, la actitud de las autoridades no dejaba margen para reclamos, y Castro tuvo que trasladarse a Guatemala, mientras Rivera se establecía en El Salvador. Reyes y Toledo tuvieron mejor suerte, pues aunque fueron conducidos a Puntarenas para que abandonasen el territorio nacional, el Gobierno cambió súbitamente de criterio, revocó la orden de expulsión y sólo les impuso un breve confinamiento en el puerto. 

     El 18 de febrero, como para dejar muy claro quién había sido el vencedor en todos los campos, Don Juan Rafael, con el visto bueno de la inocua Comisión Permanente (alguna forma había que guardar), emitió un decreto mediante el cual ponía en vigencia la Ley Orgánica del Poder Judicial de la República de Costa Rica, que había sido el detonante de todo el episodio. Por supuesto, después de la disolución del Congreso y el flagrante y descarado atropello que ello había significado para la Carta fundamental, el Ejecutivo no estaba como para reparar en las posibles inconstitucionalidades del texto preparado por Volio y Montúfar, y la polémica ley orgánica se emitió tal cual. 

     El Congreso disuelto en 1852 fue el último que dio problemas al Presidente Mora durante el resto de su prolongado gobierno. Aunque de conformidad con la graciosa concesión del primer mandatario anunciada por el decreto de Frankfort se efectuaron comicios para elegir uno nuevo y éste inauguró sus sesiones ordinarias el 1° de mayo de ese año (siempre bajo la presidencia de Don Francisco María Oreamuno), sus miembros dieron muestras de extrema docilidad, y de modo consciente o inconsciente procuraron no suscitar las iras del Poder Ejecutivo (Por cierto que Don Juanito, al presentar a ese nuevo Congreso su mensaje anual como Presidente de la República, no hizo ni la más mínima alusión al golpe de Estado de Frankfort).

     La alfombrina actitud de la cámara se hizo aún más notoria después de que 1853 Mora fue reelegido para un sexenio completo, y dio pie para que el londinense Anthony Trollope, que visitó San José en 1859, describiese en tonos desalentadores la mustia vida legislativa costarricense:

"Hasta donde pude enterarme, el congreso es en realidad una farsa. Hay un congreso o una colección de hombres enviados de diferentes partes del país, de los cuales unos diez o doce toman asiento de cuando en cuando en torno a una mesa en el gran salón; pero ni discuten, ni votan, ni emiten opiniones. Cualquier individuo, debidamente instruido por el presidente, les hace saber qué ley debe hacerse o enmendarse, y la ley se hace o se enmienda. Si alguno de los miembros del congreso se hiciera desagradable, sería por supuesto desterrado; esto es, sería despachado a Punta Arenas y allí se le diría que se las mande a cambiar a sus expensas. Ahora bien, este viaje forzado a Punta Arenas no parece gozar entre los costarricenses de mayor popularidad que uno a Siberia entre los rusos."

     Por esas vueltas que da la política, cuando Trollope visitó Costa Rica el Ministro de Relaciones Exteriores de la República era nada menos que Don Nazario Toledo, convertido ya en ferviente partidario del Presidente Mora. Éste inició el 8 de mayo de 1859 un nuevo período presidencial, que debía expirar en 1865; sin embargo, ni él ni Toledo conservaron sus cargos por mucho tiempo más. El 14 de agosto de siguiente, una revolución derrocó al gobierno de Don Juanito, y obligó a éste a realizar poco después el famoso viaje forzado a Puntarenas, de donde se embarcó hacia el exilio. Al año siguiente regresó a Costa Rica con el propósito de recuperar el poder mediante la vía armada, pero fracasó en su propósito y fue fusilado en el mismo puerto del Pacífico. En cuanto al Doctor Toledo, también abandonó Costa Rica en 1859 y volvió a su Guatemala natal, donde falleció en 1887.