Visite a nuestros patrocinadores!

LA FRANQUICIA DE PUNTARENAS

Jorge Francisco Sáenz Carbonell

lisuarte@tiquicia.com

 Quincena 2, Julio del 2001

     Durante la segunda administración Alfaro (1846-1847), surgió la idea de convertir a Puntarenas en puerto libre para el comercio de todas las naciones y trasladar la aduana allí establecida a algún punto de la carretera a San José. Se creía que con la franquicia

     "… Puntarenas se convertiría en un gran puerto de depósitos, favorablemente situado para el comercio de la América Central y para el de la vecina república del Sur; y se esperaba que las facilidades que se brindaban al comercio en general y las ventajas que ofrecía para un anclaje seguro y amplio, harían del Golfo de Nicoya un gran puerto, rival de los puertos más opulentos de la América Española."

     Para analizar la iniciativa se reunió una numerosa junta de "notables" en San José, y poco después otra. A fin de cuentas, el Jefe Alfaro, entusiasmado ante el cuadro rosa que pintaban los partidarios del proyecto, emitió el 5 de marzo de 1847 un decreto en el cual se declaraba a Puntarenas puerto franco para el comercio de todas las naciones en cualesquiera frutos, con excepción del tabaco, la pólvora y el aguardiente, que eran monopolio del Estado, y por obvias consideraciones de seguridad nacional, de las armas y elementos de guerra, que sólo podían ser importados por el gobierno o con su previo y especial permiso. La aduana existente sería trasladada a un punto que oportunamente designaría el Gobierno.

Vista de Puntarenas en el Siglo XIX

     El decreto que declaraba a Puntarenas puerto libre fue emitido por Don José María Alfaro por sí y ante sí, ya que su gobierno era de facto y él gozaba de omnímodas facultades. En enero de ese año se había aprobado una nueva Constitución Política, y estaba ya anunciado que en abril habría elecciones presidenciales y el 1° de mayo se instalaría el Congreso, pero Alfaro no quiso esperar a que la nueva administración decidiese sobre un asunto tan importante. Ni siquiera le pidió opinión a la Cámara de Senadores, que desde junio de 1846 funcionaba como órgano consultivo del Jefe Supremo (de todos modos la tal Cámara no pudo sesionar el 5 de marzo por falta de quórum). Según escribió Don Cleto González Víquez,

     "Los términos del decreto revelan con toda claridad que no había ningún plan estudiado ni bases meditadas y que sólo se quería complacer así, de ligero, los deseos vivamente manifestados por un grupo influyente."

     A pesar de esta celeridad, la declaratoria de Puntarenas como puerto libre, según el propio texto del decreto de Alfaro, no debía entrar en vigencia sino hasta seis meses después, en setiembre de 1847. Por consiguiente, la actitud que asumiese la nueva administración resultaría decisiva para el plan.

     A pesar de haber sido acordada cuando él formaba parte del gabinete de Alfaro, al nuevo Presidente no debía sonarle mucho el asunto de la franquicia de Puntarenas, porque en el mes de julio hizo que su Ministro de Gobernación y Relaciones, Don Joaquín Bernardo Calvo Rosales, se dirigiera al Congreso y objetase el decreto del 5 de marzo, por haberse emitido "sin que se hubiese formado expediente". La verdad es que la declaratoria resultaba propicia para que aumentase el contrabando y, en todo caso era obvio que produciría un descenso en los ingresos del fisco, cosa nada simpática para un gobierno que apenas se iniciaba. Sin embargo, el Ejecutivo no las tenía todas consigo, ya que se temía que la suspensión de la franquicia diese lugar a reclamaciones internacionales.

     Como lo disponía la normativa de su régimen interior, el Congreso sometió el asunto al estudio de una comisión. Ésta rindió su dictamen con rapidez, y en él hizo ver que dada la insignificancia de Costa Rica, era ilusorio pensar que el establecimiento de la franquicia revolucionase la actividad mercantil y portuaria de Puntarenas:

     "Una disposición comercial de un país pequeño es como la detonación en un campo sonoro que se hace oír en razón de su capacidad a una distancia más o menos considerable; por consiguiente, no podemos lisonjearnos de que el ruido que hiciese bastara para traer la multitud entre nosotros. Los puertos francos y depósitos libres que están establecidos en el mundo comercial son centros de exportación de naciones manufactureras y de potencias monárquicas cuyas leyes han podido contener los resultados adversos que pueda traer consigo la medida; y además, colocados como están en la mayor parte en el Atlántico y en el Mediterráneo, están, se puede decir, en medio del movimiento de los buques de todos los pueblos más industriosos."

     Para no desalentar del todo las esperanzas que se cifraban en la creación del puerto libre, la Comisión recomendó que éste se estableciese en la isla de San Lucas, próxima a Puntarenas, que contaba con buena agua y su pequeño puerto, llamado El Inglés, era adecuado para abrigar embarcaciones. La aduana podría mantenerse en Puntarenas y el Gobierno no tendría más costo que levantar en San Lucas una bodega para las mercaderías y una casa pequeña para residencia de las autoridades del lugar.

     El Congreso aprobó la iniciativa de la comisión dictaminadora, y mediante un proyecto de ley aprobada el 30 de julio, estableció el puerto libre en San Lucas. El 3 de agosto, el Presidente Castro y su Ministro de Hacienda Don Francisco María Oreamuno Bonilla sancionaron el proyecto. De conformidad con éste, la franquicia de San Lucas debía empezar a regir a principios de setiembre.

     El establecimiento del puerto libre en San Lucas parecía una transacción conveniente, dado que la isla tenía las ventajas de agua, proximidad y demás que había apuntado la comisión legislativa, pero conforme se acercó la fecha en que debía hacerse efectiva, al Ejecutivo le empezó a preocupar la circunstancia de que allí no sólo se carecía de la bodega y la oficina de las autoridades, sino además de toda obra material que permitiese la concreción del plan. Desde Cartago, donde se encontraba despachando temporalmente el Ejecutivo, el alarmado Ministro Oreamuno emitió el 30 de agosto un oficio al Congreso, en el que hacía ver que

Para remediar la situación, el Ejecutivo consideraba indispensable

     "… dar tiempo a los especuladores para que fabriquen sus casas y almacenes en la isla de San Lucas y que mientras tanto se establezca la franquicia comercial sobre la península donde existe actualmente la población de Puntarenas, para lo cual pudiera señalarse el término de un año, declarando que, expirado éste, el lugar privilegiado será la mencionada isla de San Lucas y no Puntarenas, pero que siempre queda al arbitrio del Estado continuar o no la franquicia… siempre que la medida no haya proporcionado las ventajas que se apetecen, el Congreso con informe del Gobierno, la abolirá enteramente y restablecerá el antiguo orden de cosas."

     El Congreso pasó el asunto el asunto a dictamen de una comisión formada por Don José María Alfaro, Don Manuel Antonio Bonilla Nava, Don Manuel José Carazo y Bonilla, Don Felipe Molina y Bedoya y Don Juan Mora Fernández. Con una diligencia poco frecuente en las esferas legislativas costarricenses, la comisión estudió el mensaje del Ministro Oreamuno y también varias observaciones que externó verbalmente el Presidente Castro, y finalmente recomendó que se concediese la franquicia al puerto de Puntarenas por un término no inferior a tres años,

     "… pues para ensayar los benéficos efectos que se esperan de la medida, no sería suficiente el de un año que el Gobierno indicó al principio, pero que después ha conocido la necesidad de ampliar."

     De conformidad con lo expuesto por la comisión dictaminadora, el 4 de setiembre de 1847 se aprobó una ley que derogaba la del 30 de julio, suprimía el nonato puerto libre de San Lucas y confirmaba definitivamente la franquicia concedida en marzo a Puntarenas. Esta nueva ley disponía, además, que la libertad de comercio quedaba circunscrita a la población de Puntarenas propiamente dicha, desde el paraje llamado la punta o puntilla hasta la Angostura. La franquicia empezaría a regir el 30 de setiembre siguiente y estaría en vigor por tres años.

El estero de Puntarenas en el Siglo XIX

     Con sumo beneplácito de los habitantes de Puntarenas y de muchos costarricenses del interior dedicados al comercio agroexportador y mercantil importador, el 30 de setiembre llegó sin más contratiempos y la pequeña población del Pacífico quedó definitivamente convertida en puerto franco.

     La creación del puerto libre dejó al Departamento del Guanacaste en una situación un tanto incómoda, ya que fue necesario tomar medidas para impedir la introducción clandestina de mercaderías en su territorio. Los trámites establecidos al efecto resultaron molestos no sólo para los guanacastecos, sino también para el comercio de Puntarenas, y a fin de cuentas el Ejecutivo decidió terminar con ellos, mediante el sencillo expediente de extender al Guanacaste la franquicia concedida al puerto. Dado que la creación del puerto franco se había hecho mediante una ley, parecía lógico que semejante asunto hubiera de ser resuelto también por el Congreso, pero el Doctor Castro no lo consideró necesario, y mediante un simple decreto emitido el 29 de febrero de 1848 dispuso la extensión de la franquicia a todo el territorio del Guanacaste. Los efectos que hubieran de ir allí debían ser desembarcados en Puntarenas, de donde saldrían sin restricción alguna para cualquier puerto del Guanacaste en el golfo de Nicoya, pues la extensión de la franquicia debía entenderse circunscrita "al territorio que comprenden los límites de dicho Departamento por la vía de tierra."

     La extensión de la franquicia al Guanacaste resultaba menos importante de lo que hoy podría parecer, ya que las vastas extensiones del antiguo Partido de Nicoya estaban prácticamente deshabitadas y la única actividad económica de alguna envergadura que allí existía era la ganadería extensiva.

     Como consecuencia de la creación del puerto libre, Puntarenas experimentó un vertiginoso desarrollo. Según expresaron años más tarde unos puntarenenses, no exentos de vena lírica,

     "… como por encanto, el desierto arenal que dio nombre a nuestra ciudad, se ven aparecer casas, almacenes, bodegas, muelles, máquinas y toda clase de establecimientos útiles. Se inician y llevan a cabo, tanto por nacionales como por extranjeros, toda clase de empresas; y en las ricas y surtidas tiendas y almacenes de Puntarenas, el habitante rico del interior como el carretero, el viajero como el marinero encuentran todo lo que puede satisfacer para halagar sus caprichos. Médicos que alivian nuestras dolencias, boticas que suministran los necesarios remedios y lujosos hoteles que brindan con su hospitalidad al viajero; todo, todo se encuentra en Puntarenas. Numerosas naves luciendo en sus elegantes mástiles los colores de las diferentes naciones comerciales del mundo surcan sus aguas trayendo ricos cargamentos de todo lo que pueda consumir el laborioso habitante de Costa Rica, y en nuestros nacientes astilleros se construyen lanchas y embarcaciones de todas clases; y tal es la prosperidad de nuestro puerto que en pocos años llegó a ser el primero de Centro América… Y Costa Rica entera prosperó aún con mayor rapidez que el mismo Puntarenas."

     De conformidad con lo dispuesto de modo categórico en la ley de setiembre de 1847, la franquicia de Puntarenas estaba llamada a cesar el 30 de setiembre de 1850. El reglamento del puerto libre, que se dictó en setiembre de 1847, precisó además que seis meses antes de la fecha de conclusión se dispondría todo lo conveniente para que llegase a noticia de todos el inminente fin del privilegio y cada uno tomase las medidas que estimase oportunas. Sin embargo, el 30 de marzo de 1850 llegó sin que se hubiese producido aviso ninguno, y el 1° de octubre de 1850 el puerto libre amaneció tan franco como la víspera. Por olvido, o por conveniencia, tanto autoridades como particulares parecieron creer que la franquicia de Puntarenas y Guanacaste tenía plazo indefinido.

     A pesar de la prolongación de la franquicia, el movimiento naviero de Puntarenas se vio afectado negativamente en el decenio de 1850 por el auge de la llamada vía del tránsito en el río San Juan y el lago de Nicaragua, y por la construcción del ferrocarril ístmico entre Colón y Panamá, que desviaron hacia San Juan del Sur y la ciudad de Panamá buena parte del tráfico marítimo del Pacífico centroamericano. Aun así, Puntarenas progresó notablemente durante los años del puerto libre. Se edificaron un hospital y un faro, y en 1858 se concedió a la población el título de ciudad. 

Mercado de Puntarenas en 1858

     Sin embargo, quizá el más notorio testimonio de la importancia de la localidad fue la concesión otorgada al británico Richard Farrer (Don Ricardo Farrer para los costarricenses) en 1854 para la construcción y explotación de una vía férrea entre Puntarenas y San José. Farrer puso manos a la obra, y para 1857 ya tenía concluida la sección Puntarenas-Barranca. El francés Félix Belly, que visitó esa sección en 1858, la describió del siguiente modo:

     "El ferrocarril iba hasta Puntarenas en línea recta como una flecha, por entre árboles tupidos de una selva virgen, asombrada de ver a este nuevo huésped. Nada más modesto ni más primitivo que la instalación de esta vía. Ni estación terminal, ni estaciones intermediarias ni empleados especiales. Una trocha de dos metros de ancho y tres leguas de largo, abierta en una selva; dos rieles puestos sobre troncos de árboles in desbastar; unos cuantos puentecitos de madera cuyas tablas no ajustaban; y media docena de coches ómnibus provistos tan sólo de bancos y cubiertos de un techo de madera barnizada… Aparte de la explotación de la madera que se sacaba por ella, tan sólo se empleaba para trenes de excursionistas o de cazadores. Sin bajar del ómnibus se podían matar venados."

     En Liverpool, Farrer logró constituir una Compañía del Ferrocarril Costarricense, y el Gobierno de la República le otorgó nuevas facilidades para la construcción de la anhelada vía, la primera de su género que se construía en Centro América. Sin embargo, la empresa de Farrer nunca tuvo recursos como para comprar una locomotora, y tuvo que conformarse con utilizar tracción animal para mover los vagones de su ferrocarril, motivo por el cual las gentes lo llamaron el burrocarril. Así las cosas, el viaje entre Barranca y Puntarenas resultaba lento como funerales de rico, y los exportadores de café continuaron recurriendo al tradicional y confiable sistema del transporte carretero. Según expresó el irlandés Thomas Francis Meagher, que conoció esta vía férrea casi en la misma época que Belly,

     "Nadie hace uso de ella, a no ser los cojos, los perezosos, los enfermos y los ciegos. Una mula infeliz hace las veces de locomotora, y es en verdad cosa triste ver a este animal sumiso arrastrando sobre la arena un vehículo vacío y con dos docenas de ventanillas, a lo largo de nueve millas y a la velocidad de dos por hora."

     Como era de esperarse, la empresa de Farrer terminó en el fracaso más rotundo, y el burrocarril no tardó en desaparecer. Tampoco logró su objetivo un contrato efectuado en 1849 entre el capitán de marina O. Simmons y el gobierno de Costa Rica, para excavar un canal que pusiese en comunicación el río Barranca y el estero de Puntarenas.

     La franquicia de Puntarenas y Guanacaste, como cualquier privilegio de tal género, debió contar desde sus inicios con connotados adversarios en los círculos comerciales del interior del país. Pero además, su existencia terminó siendo un dolor de cabeza para las autoridades hacendarias, tanto por la disminución de las rentas estatales como por el auge que tomó el contrabando hacia el Valle Central. En su memoria al Poder Legislativo en 1860, el Secretario de Hacienda y carteras anexas Don Vicente Aguilar Cubero hizo hincapié en la urgencia de incrementar esas rentas y en el grave perjuicio que para ellas conllevaba la existencia del puerto libre.

     Apoyado en las observaciones del Ministro Aguilar, el 12 de junio de 1860 el Diputado herediano Don Braulio Morales Cervantes presentó a la consideración de sus compañeros de cámara un proyecto para derogar la ley de 1847 y suprimir la franquicia de Puntarenas, que estaba legalmente extinta desde 1850 y existía sólo por la tolerancia o el descuido de las autoridades.

     La propuesta de Morales pasó a estudio de una comisión formada por Don Ramón Molina, Don Jacinto Trejos y Don Joaquín Lizano. La opinión de este último debió ser especialmente importante, ya que además de ser persona respetada y respetable, tenía fuertes intereses en Puntarenas.

     Molina, Trejos y Lizano llegaron a la conclusión de que la franquicia no había dado los resultados que se había soñado en 1847 y que existían fuertes argumentos en contra de su continuidad. Entre otras cosas señalaron que

     "Puntarenas medró algo en los primeros años de la franquicia: muy presto llegó a un estado estacionario en el que aún permanece: la influencia de la franquicia, lejos de extenderse, ramificarse y atraer población y recursos de otros países, está limitada hoy día al pequeño círculo de su propia población, al corto consumo de su comercio y a ser un punto de depósito para el comercio del interior. Por tan pequeños y pobres resultados la Nación no obtiene una compensación suficiente, ni el erario puede continuar erogando considerables cantidades en un sistema de aduana inseguro y costoso. Hay además otra consideración no menos importante: por diferentes leyes, ordenanzas y providencias administrativas, el sistema de restricciones fue invadiendo poco a poco el de la franquicia hasta llegar al punto de ser hoy Puntarenas, bajo muchos respectos, un puerto franco en el nombre. Hay también -preciso es confesarlo- falta de equidad en esta disposición, pues al paso que toda una comarca y provincia gozan del privilegio de no pagar derechos por los productos de fuera que consume, el resto de la República tiene que sufrir el peso todo de un impuesto tan considerable."

     El dictamen de la comisión fue, por consiguiente, contrario a la existencia del puerto franco, y solamente recomendó fijar un plazo de seis meses para su cesación, a fin de cumplir con lo dispuesto en el reglamento de 1847.

     Con tan favorable dictamen, la iniciativa de Don Braulio Morales marchó viento en popa, y el 10 de julio de 1860, la Cámara de Representantes dio su aprobación a un proyecto de ley que declaraba concluida la franquicia de Puntarenas y Guanacaste en un término de seis meses. En la parte considerativa del proyecto se consignó con meridiana claridad que la referida franquicia había terminado el 30 de setiembre de 1850 y que sólo era necesario "hacer notoria al comercio la cesación del privilegio."

     La pérdida de la franquicia cayó como un balde de agua fría a los puntarenenses y a los comerciantes que tenían intereses en el puerto libre. Aunque casi al mismo tiempo otra ley cerró al comercio del interior los puertos de Moín y Sarapiquí y suprimió las respectivas aduanas, el tráfico por ellos era raquítico y la medida resultaba obviamente insuficiente para compensar a Puntarenas por el cambio en su condición.

     En setiembre de 1860, el ex Presidente Don Juan Rafael Mora, que estaba exiliado en El Salvador, desembarcó en Puntarenas con el propósito de avanzar hacia el interior y derrocar al gobierno de Don José María Montealegre. La mayoría de los porteños apoyaron a Mora, y es posible que en esta actitud haya influido la esperanza de que una vez en el poder, Don Juan Rafael mantuviese la franquicia, como lo había hecho en 1850 a pesar de estar legalmente concluida. Sin embargo, la expedición morista terminó en un rotundo fracaso, y el ex Presidente fue fusilado en Puntarenas el 30 de setiembre de 1860.

     El 31 de diciembre de 1860, como regalo de año nuevo para los puntarenenses, el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el cual se disponía ubicar en Puntarenas la Aduana principal del Sur, se organizaba ésta y se anunciaba que, de conformidad con la ley de julio, la franquicia de Puntarenas cesaría el 27 de enero del año siguiente y el puerto quedaría abierto al comercio para la exportación, importación y depósito bajo las reglas previstas en las ordenanzas de aduanas.

     Llegó el 27 de enero de 1861, fecha sombría para los anales porteños, y al día siguiente empezó a funcionar la aduana. Había concluido, definitivamente, la franquicia de Puntarenas y Guanacaste.

     Los puntarenenses, sin embargo, no se resignaban a que su ciudad perdiese la condición de puerto libre. En mayo de 1861, cuando el Congreso abrió sus sesiones ordinarias, un nutrido grupo de comerciantes, propietarios, agricultores, lancheros y trabajadores avecindados en Puntarenas, encabezado por el inmigrante alemán Don Adolfo Knöhr, presentó a su consideración un extenso memorial, en el que solicitaban el restablecimiento del puerto libre. Además de exponer, con colores tan vívidos como exagerados, la transformación que la franquicia había conllevado en la vida porteña, de dirigir algunas alabanzas a Don José María Alfaro y de decir que los almacenes de la nueva aduana no eran seguros y que había descuido por parte de sus empleados, los solicitantes expresaban en tono lastimero:

    "Solitaria está hoy la bahía. No se ven en ella las numerosas naves que en otros tiempos más felices surcaban sus aguas; y solitarias las casas echan de menos sus antiguos moradores ya idos. Las restricciones de la aduana han alejado a las unas; la falta de ocupación ha desterrado a los otros."

     La comisión encargada de dictaminar sobre la quejumbrosa petición dispuso oír el criterio del Secretario de Hacienda, que ahora era Don Francisco Montealegre Fernández, hermano del Presidente, porque Don Vicente Aguilar había fallecido súbita y misteriosamente el 26 de abril anterior.

     Don Francisco Montealegre pidió al Administrador de la Aduana, Don Gregorio Escalante y Nava, que rindiese un informe sobre el asunto. Escalante, dicho sea de paso, era el ex esposo de una media hermana de los Montealegre, Doña Magdalena del Castillo, matrimonio éste que fue uno de los poquísimos anulados por las autoridades eclesiásticas costarricenses en el siglo XIX.

     El informe del señor Escalante comprobó que las acusaciones que le formulaban a la novísima aduana eran infundadas, y lo hizo mediante cartas de muchos de los mismos peticionarios, que dijeron que no habían advertido los cargos en cuestión. Algunos de ellos incluso admitieron que no habían leído del todo la solicitud presentada al Legislativo para restablecer la franquicia y se habían limitado a firmarla. Lógicamente, tales manifestaciones no contribuyeron a mejorar la atmósfera, ya de suyo desfavorable, que tenía la petición en el Legislativo.

     La comisión legislativa concluyó que los argumentos alegados por los peticionarios "con acento poético" eran insuficientes para justificar el restablecimiento del puerto libre, que éste había sido un aliciente para el contrabando y que era conveniente desechar la solicitud.

     Con el dictamen quedó inexorablemente muerta y enterrada la franquicia de Puntarenas. Después de 1861, el tema del puerto libre volvió a discutirse varias veces en la prensa nacional y su establecimiento fue solicitado por diversas comunidades del país. A fines del siglo XX, y después de muchas discusiones, el puerto de Golfito se convirtió en depósito libre, condición que conserva hoy.

GONZÁLEZ VÍQUEZ, Cleto, El puerto de Puntarenas, San José, Imprenta Gutenberg, 1ª. Ed., 1933; FERNÁNDEZ GUARDIA, Ricardo, Costa Rica en el siglo XIX, San José, Imprenta Gutenberg, 1ª. Ed., 1929; La Gaceta, 1860-1861; OBREGÓN QUESADA, Clotilde, El proceso electoral y el Poder Ejecutivo en Costa Rica, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1ª. Ed., 2000; OBREGÓN QUESADA, Clotilde, Nuestros Gobernantes, San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1ª. Ed., 1999; SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco, La dinastía del café. Ascenso y caída de los Montealegre, inédito; SÁENZ CARBONELL, Jorge Francisco, Los años del voto directo, San José, EUNED, 1ª. Ed., 1992.

Jorge Francisco Sáenz Carbonell, obtuvo el título de Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha publicado numerosos libros, entre los cuales destacan  El Despertar Constitucional de Costa Rica (Premio Cleto González Víquez de la Academia de Historia y Geografía de Costa Rica), Don Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad (Premio Antonio Machado del Instituto Costarricense de Cultura Hispánica), Historia Diplomática de Costa Rica 1821-1910 e Historia Diplomática de Costa Rica 1910-1949 y diversos artículos sobre temas históricos y jurídicos en revistas especializadas. Es profesor de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de Historia Diplomática de Costa Rica en el Instituto Diplomático Manuel María de Peralta, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.