EL INCENDIO DE LA CASA DEL PRESIDENTE

Jorge Francisco Sáenz Carbonell

lisuarte@tiquicia.com

 Quincena 1, Marzo del 2001

     En 1858, debido a que los socios de Tinoco & Cía. se encontraban en el exilio por motivos políticos, estaba encargado del manejo de la empresa otro hermano político de Don Saturnino, Don Demetrio Iglesias Llorente. Sin tener capacidad legal para ello, Don Demetrio extendió a nombre de Tinoco & Cía. una fianza por 50,000 pesos -suma de dimensiones galácticas en aquellos tiempos- en favor de la compañía de John Carmichael, una empresa financiera de Liverpool que tenía negocios con Don Crisanto Medina. Lamentablemente, la casa Carmichael quebró, y Medina interpuso juicio ejecutivo contra Tinoco & Cía. para cobrarse la suma que le adeudaba la empresa fallida.

     El abogado de Tinoco & Cía., Don Julián Volio Llorente, hizo ver que Don Demetrio Iglesias (quien era primo hermano suyo) carecía de facultades para otorgar fianzas en nombre de su representada. Sin embargo, el Juez de Comercio de San José Don Manuel Argüello Mora -sobrino del Presidente Don Juan Rafael Mora- dictó sentencia en favor de Medina y condenó a Tinoco & Cía. a pagarle la cantidad exigida. El pago se haría en órdenes y certificados, dado que era materialmente imposible disponer de una suma tan enorme en dinero efectivo.

     Medina recibió de la casa Tinoco & Cía. alrededor de 10,000 pesos en órdenes y los restantes 40,000 en certificados de empréstito. Era de suponer que el señor Medina tendría que esperar a que fuesen venciendo estos documentos de crédito para cobrar su dinero, o vender los valores con descuento. En esta última hipótesis, y dado que la economía de Costa Rica no andaba muy boyante, también podía presumirse que el descuento sería considerable.

     Para sorpresa de todo el mundo, el 4 de agosto de 1859 el Ministro de Hacienda Don José María Cañas Escamilla, cuñado de Don Juan Rafael Mora, comunicó al Administrador Principal de Rentas que por instrucciones del Presidente, y de conformidad con un convenio celebrado por Medina, el Estado le recibiría a éste las órdenes y certificados de empréstito como dinero efectivo, por su valor nominal. A cambio, se le extendería a Don Crisanto un nuevo documento en el que constase que el Estado le adeudaba los 50,000 pesos y le reconocería intereses del 1% mensual.

     Aquello era un negocio redondo para Medina, quien ciertamente no podía quejarse de que a las autoridades costarricenses les faltase obsequiosidad para con los amigos. Según indica el historiador Don Bernardo Villalobos Vega en su obra Bancos emisores y bancos hipotecarios de Costa Rica 1850-1910,

     "Con motivo de este convenio, la oposición sindicó a Mora de regalar una suma de dinero a don Crisanto Medina en tiempo en que el Tesoro Público, enteramente agotado, no podía cumplir siquiera con sus compromisos más sagrados, más apremiantes, y que esa donación la amparó bajo una capa de legalidad…"

     Diez días después del anuncio del convenio entre Medina y el Gobierno, se produjo la caída de Don Juan Rafael Mora y fue proclamado como Presidente provisorio Don José María Montealegre Fernández. El Ministro de Hacienda del nuevo régimen, Don Vicente Aguilar Cubero, dispuso inmediatamente suspender los efectos de la comunicación del 4 de agosto.

     El derrocamiento de Don Juan Rafael Mora permitió a Don Francisco María Iglesias regresar del destierro y ponerse de nuevo al frente de los asuntos de Tinoco & Cía.  También pudo haber vuelto Don Saturnino Tinoco, pero ya se había instalado muy cómodamente en la ciudad de Guatemala con su familia y prefirió quedarse allá. En cambio, Don Crisanto Medina, después de muchas molestias con el gobierno de Montealegre, abandonó Costa Rica. Sin embargo, no tenía la menor intención de dar por perdidos los intereses que tenía en el país, y decidió hacer valer la condición de ciudadano de los Estados Unidos de América, que había adquirido recientemente, para que el Gobierno de Washington interviniese en su favor.

     Por la suspensión de su convenio sobre los 50,000 pesos, otro contrato relacionado con la apertura de un Banco Nacional, y algunos asuntos más, Medina presentó en enero de 1861 una reclamación contra el Gobierno de Costa Rica ante el Departamento de Estado americano. Éste decidió asegurar a Don Crisanto la protección de las barras y las estrellas y dio instrucciones a la Legación americana en Costa Rica para que hiciese las gestiones del caso.

     Entre el Ministro Residente de los Estados Unidos en San José, Alexander Dimitry, y el Canciller interino de la administración Montealegre, Don Aniceto Esquivel Sáenz, se cruzaron varias notas sobre el particular. Como era de esperarse, el Gobierno de Costa Rica rechazó las pretensiones de Don Crisanto, y adujo para ello varios argumentos, entre ellos el de que el reclamante aún no era ciudadano americano.

     En efecto, Medina había manifestado su deseo de naturalizarse en los Estados Unidos el 23 de abril de 1856, y a partir de esa fecha debían contarse los cinco años requeridos por las propias leyes de ese país para adquirir la ciudadanía. El argumento parecía no tener réplica, y Míster Dimitry se debe haber sentido profundamente irritado de que la Cancillería costarricense tuviese que llamarle la atención sobre lo que parecía un descuido evidente de las autoridades migratorias americanas y del Departamento de Estado. Sin embargo, se hizo el tonto e insistió en que de acuerdo con las pruebas presentadas por Medina, éste era ciudadano de los Estados Unidos. 

Como la correspondencia entre el diplomático americano y el Canciller costarricense parecía destinada a convertirse en diálogo de sordos, Don Crisanto Medina llevó el asunto a una comisión mixta que en Washington examinaba diversos reclamos planteados al Gobierno de Costa Rica por ciudadanos de los Estados Unidos. En la comisión, el delegado de Costa Rica, Don Luis Molina y Bedoya, rechazó enfáticamente las pretensiones de Don Crisanto, que fueron acuerpadas por el representante americano, Mr. Rexford. Como no se llegó a un acuerdo, el caso fue decidido por el tercer miembro de la comisión, el Comendador Bertinatti. Éste era delegado de Italia, país al que Costa Rica y los Estados Unidos habían designado como árbitro para tales eventualidades. El 31 de diciembre de 1862, el delegado italiano falló la cuestión a favor de la tesis costarricense y manifestó:

     "… sería absurdo abrir un asilo a todos los que han recibido o creen haber recibido alguna injuria o perjuicio de parte de algún gobierno existente, para venir a ser naturalizados con el fin de obtener restitución por todos sus agravios. En conclusión, mi opinión es que los reclamantes no tienen derecho de aparecer ante esta Comisión, y por esta razón sin perjuicio a sus derechos y acciones contra el Gobierno de Costa Rica, que deben ser probadas ante los tribunales ordinarios, por esto rechazo sus demandas…"

     (Cabe añadir que, con el cambio de la situación política en Costa Rica, también variaron las cosas para la casa Tinoco y Cía. El juicio ejecutivo que había condenado a la empresa al pago de los famosos 50,000 pesos fue declarado nulo y se dispuso que Medina devolviese las órdenes y certificados de empréstito que había recibido de ella. Como consecuencia del convenio de agosto de 1859, los documentos estaban en poder del Estado, y fue éste el que tuvo que asumir la obligación).

     Para la época en que el Comendador Bertinatti desestimó definitivamente las reclamaciones de Don Crisanto Medina en la comisión mixta, la administración Montealegre se hallaba ya en sus postrimerías. Gracias a una combinación articulada por Don Francisco Montealegre Fernández, hermano del Presidente Don José María, y Don Manuel Argüello Mora, en cierto modo heredero político frustrado de su tío Don Juan Rafael Mora, el Gobierno y la oposición se pusieron de acuerdo en apoyar la candidatura presidencial de Don Jesús Jiménez Zamora para las elecciones de abril de 1863.

     La elección suponía para Don Jesús Jiménez y su familia el trasladar su residencia a San José, y ello los obligaba también a buscar casa, porque el Estado no destinaba ningún edificio para residencia de los gobernantes. El hermoso Palacio Nacional, construido durante la época de Mora, tenía amplias oficinas para el despacho de los asuntos oficiales y suntuosos salones para recepciones y actos protocolarios, pero no contaba con sección alguna destinada a alojar al primer mandatario. La costumbre era que éste, si tenía domicilio en la capital, continuase habitando en su vivienda particular, y así lo habían hecho tanto Mora como Montealegre. 

     Don Francisco María Iglesias Llorente, posiblemente con el ánimo de quedar bien con el nuevo gobernante, que además era su coterráneo y amigo, le alquiló o puso a su disposición una hermosa casa de ladrillo, piedra y madera de cedro, que estaba construyendo en San José. Debía ser un edificio bastante fastuoso, porque Don Manuel Argüello Mora lo mencionó con el nombre de "Palacio", apelativo que entonces sólo recibía y merecía en San José el Palacio Nacional.

     A la una de la madrugada del jueves 26 de enero de 1864, algunos miembros de la copiosa familia presidencial se despertaron como consecuencia del intenso calor que se sentía en los dormitorios. A medio vestirse, el Presidente de la República se levantó a indagar qué sucedía, y se encontró con que la casa era pasto de las llamas. Por supuesto, puso en alarma a su esposa, sus hijos y sus cuñados, y se dispusieron a abandonar el edificio.

     A todo esto el vecindario ya se había percatado del incendio que se había desatado en la casa del Presidente, y pronto se congregó una enorme multitud en sus alrededores para tratar de ayudar a apagar las llamas y ayudar a la familia Jiménez. Don Manuel Argüello Mora, testigo presencial del acontecimiento, relató que:

     La hoguera se hacía cada vez más inmensa. No se llamó a los bomberos, porque no los había en San José, pero vino la policía, y todo el mundo trató de ayudar a apagar el incendio, pero todos los intentos por evitar la destrucción de la bella casa resultaron inútiles. No había agua suficiente en las acequias de las calles aledañas (ni cañería, cabe aclarar), y para peores, según escribió Don Manuel Argüello,

     "… una mano artera había secado las corrientes de agua, y derramado grasas y canfín sobre los techos y los cielos de madera."

     El incendio de la casa del Presidente se prolongó hasta las cuatro de la mañana, y cuando terminó el edificio estaba reducido a cenizas, aunque afortunadamente todos sus moradores habían logrado salir a tiempo y salvar sus vidas. Sin embargo, las llamas devoraron completamente las pertenencias de la familia presidencial, que se quedó literalmente con lo que llevaba puesto. Además de muebles, ropas y otros enseres, Don Jesús Jiménez perdió en el siniestro una fuerte suma de dinero en efectivo, que había recibido hacía pocos días como producto de la venta de una hacienda que poseía en las vecindades de Orosi.

     Nadie pareció albergar dudas sobre la posibilidad de que el súbito y voraz incendio hubiese sido intencional. La Gaceta Oficial, al dar cuenta de lo ocurrido, habló expresamente de "mano criminal", y de lo escrito por Don Manuel Argüello Mora se deduce que él era de la misma opinión, aunque en su relato se limitó a decir: "Que cada uno haga los comentarios del caso".

     Sin embargo, no parece que se haya abierto una investigación oficial sobre el asunto, y en todo caso nunca se logró identificar a los responsables del hecho. Por supuesto, Don Jesús Jiménez, como cualquier gobernante, tenía sus adversarios, especialmente después de que a mediados de 1863 había disuelto el Congreso y hecho elegir otro. Sin embargo, si la intención de los incendiarios hubiese sido la de quitar de en medio a Jiménez con algún propósito político, habría que reconocer que eran algo extremistas, y además bastantes estúpidos, ya que el Primer Designado a la Presidencia, llamado a suceder a Don Jesús en caso de muerte o renuncia, era su hermano mayor Don Agapito Jiménez, de quien no se podía esperar que diese un viraje de ciento ochenta grados a las políticas de su hermano y menos después de un magnicidio.

     La única versión que hemos podido encontrar sobre el origen del incendio procede de unos apuntes biográficos manuscritos de Don Francisco José Oreamuno Gutiérrez, hermano de Doña Esmeralda de Jiménez, quien atribuía la responsabilidad del siniestro nada menos que a Don Crisanto Medina.

     Al referirse en un sucinto párrafo al litigio entre el controvertido argentino y la casa Tinoco & Cía., Don Francisco José escribió:

     "Fue muy ruidoso este asunto conocido como el litigio Medina Yglesias que fallaron los tribunales a favor de la Casa de Tinoco Yglesias, pero la venganza de Don Francisco (sic) Medina alcanzó no sólo a los Señores Tinoco Yglesias sino al Presidente Jiménez y a mí como inquilino de aquella casa, que ardió vorazmente, perdiendo Don Jesús Jiménez todo cuanto tenía en ella…"

     Como las memorias del señor Oreamuno no dan más detalles, no hay modo de saber los motivos que le hacían suponer que el incendio estaba vinculado con el célebre litigio, fuera de la circunstancia de que la casa incendiada pertenecía a Don Francisco María Iglesias. Sin embargo, el hecho de que lo hay consignado en sus memorias parece señalar que esa fue la versión que circuló y se dio por buena en la familia del Presidente.

     Cabe señalar que Don Crisanto Medina ya para entonces no vivía en Costa Rica, sino que se encontraba residiendo en Nicaragua, y si tuvo que ver algo con el incendio debió ser forzosamente por interpósita mano. Aunque su contrato con la administración de Mora por lo menos deja entrever que el señor era un poco fresco en ciertas materias, la verdad no sabemos lo suficiente sobre su carácter como para decir si era o no capaz de urdir un plan tan criminal con el fin de vengarse de los socios de la casa Tinoco & Cía. En caso de optar por tal posibilidad, habría que reconocer que los pirómanos debieron venir de fuera y estar poco familiarizados con la vida de San José, ya que era público y notorio que en la casa de marras habitaba Don Jesús Jiménez y no Don Francisco María Iglesias.

     Como quiera que fuese, el incendio de la morada del Presidente tuvo una consecuencia positiva: la Municipalidad de San José empezó a hacer grandes esfuerzos para dotar a la ciudad de cañería y para establecer un departamento de bomberos. El Gobierno de Don Jesús apoyó este empeño, y el 27 de julio de 1865 dio la sanción correspondiente al reglamento y organización de una compañía de bomberos, que fue la primera brigada de su género que existió en Costa Rica. Pocas semanas antes, la empresa Allan Wallis y Co., hasta entonces dedicada a actividades comerciales y financieras, había anunciado el establecimiento de los primeros seguros contra incendios, como agente de la Royal Insurance Company británica.

     Don Crisanto Medina nunca regresó a Costa Rica. A su muerte, el Licenciado Don León Fernández, como apoderado de sus hijos Doña Francisca, Doña Carmen, Doña Adela y Don Crisanto Medina, continuó las acciones judiciales contra la casa Tinoco & Cía., que finalmente tuvieron un resultado adverso para ésta. A pesar de que ello debió representarle un fuerte desembolso, la empresa continuó operando con éxito durante varios años, y los vínculos entre los socios se vieron fortalecidos en 1866 cuando Don Francisco María Iglesias contrajo nupcias en la capital guatemalteca con una de las hijas de Don Saturnino Tinoco, Doña Enriqueta, que además era su sobrina. Según le escribió Don Francisco María a uno de sus parientes, el matrimonio

     "… sin pensarlo ni desearlo ha sido el más fastuoso en Guatemala"

     En 1873 Don Francisco María y su opulento cuñado-suegro decidieron poner fin a su relación comercial y disolver la sociedad. Don Saturnino formó enseguida otra con su hijo Don Federico Tinoco Iglesias, bajo la misma razón social de Tinoco y Cía. La nueva empresa marchó viento en popa hasta la muerte de Don Saturnino, ocurrida en Guatemala en 1881, pero después empezó a flaquear y terminó en quiebra en 1897. En este mismo año murió en Cartago, septuagenario y lleno de merecimientos, Don Jesús Jiménez Zamora.

ARGÜELLO MORA, Manuel, Obras literarias e históricas, San José, Editorial Costa Rica, 1ª. Ed., 1963, pp. 98-99; BLEN, Adolfo, Historia del periodismo, San José, Editorial Costa Rica, 1ª. Ed., 1983, pp. 148-149; BOTEY, Ana María, Capítulo VIII. Tomo IV, en Historia General de Costa Rica, San José, Euroamericana de Ediciones Costa Rica, S.A., 1989, página 255. OREAMUNO GUTIÉRREZ, Francisco José, Memorias, inédito, circa 1920; ORTIZ VOLIO, Félix, Genealogía de la casa de D. Saturnino Díaz de Tinoco, en Revista de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, San José, N° 34, Junio de 1994, pp. 101-161; VILLALOBOS VEGA, Bernardo, Bancos emisores y bancos hipotecarios en Costa Rica 1850-1910, San José, Editorial Costa Rica, 1ª. Ed., 1981, pp. 63-120. Sitio en el Internet: Las Primeras Damas de Costa Rica, www.tiquicia.org/pds.

Jorge Francisco Sáenz Carbonell, obtuvo el título de Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Ha publicado numerosos libros, entre los cuales destacan  El Despertar Constitucional de Costa Rica (Premio Cleto González Víquez de la Academia de Historia y Geografía de Costa Rica), Don Joaquín de Oreamuno y Muñoz de la Trinidad (Premio Antonio Machado del Instituto Costarricense de Cultura Hispánica), Historia Diplomática de Costa Rica 1821-1910 e Historia Diplomática de Costa Rica 1910-1949 y diversos artículos sobre temas históricos y jurídicos en revistas especializadas. Es profesor de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y de Historia Diplomática de Costa Rica en el Instituto Diplomático Manuel María de Peralta, adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Visite a nuestros patrocinadores!