E.-SOLUCIONES

     Para enfrentar las dificultades éticas del Poder Legislativo es necesario tomar en cuenta dos elementos distintivos y contradictorios. En primer lugar esa tarea podría ser simple, en el tanto se trata de un problema de conciencia. La moral nace y está en el ser humano. No se puede dictar ni es necesario enseñarla. La persona sin ayuda se percata de lo correcto y lo incorrecto. No requiere de una reflexión filosófica ni de un esfuerzo mental para saber distinguir entre el bien y el mal, de la misma manera que no necesita estudiar anatomía para saber utilizar los pies para caminar y los oídos para escuchar.

     Como consecuencia, y a diferencia de la mayoría de problemas económicos y sociales que los gobiernos democráticos deben resolver, mejorar la transparencia y reducir la corrupción no tiene costos per se. Se puede dar una transformación ética dramática sin que el estado gaste un céntimo: no se necesitan leyes, ni enseñar ni construir nada, ni emplear a nadie.

     Por otra parte, el problema debe enfrentarse sin violentar las prerrogativas especiales y las discrecionalidades con que debe contar el legislador. Este representa al soberano el cual no puede tener límites legales, tal y como lo hemos mencionado antes. A ese cheque en blanco solo se anteponen el pluralismo y la moral.

     La calidad ética del Poder Legislativo resulta del enfrentamiento de esas dos herramientas: la conciencia de la persona y la discrecionalidad del diputado. Si la conciencia del diputado se antepone la calidad ética del Poder Legislativo será elevada y si lo hacen las oportunidades y peligros de la discrecionalidad existe la posibilidad de que esa calidad sea baja. 
Cada diputado dispone individualmente de esas dos herramientas. Sin embargo, en el Poder Legislativo existen muchos diputados y partidos. De ese modo el resultado ético colectivo depende también de los balances que esa pluralidad imponga.

     Ex ante podría pensarse que la pluralidad es siempre una fuerza que opera a favor de la ética correcta. No obstante esto no es así pues por lo general los diputados en los cuales la conciencia ganó la batalla, se abstienen de manifestar su opinión ante los abusos de los diputados en los cuales ganó el mal uso de la discrecionalidad. De ese modo éstos pueden proceder con sus desmanes sin el freno esperado del pluralismo. A veces esto ocurre porque los transgresores compran el silencio de los diputados decentes condicionando su voto en asuntos sustantivos para el desarrollo del país.

     Estas reflexiones permiten percatarse de las dificultades para mejorar la calidad ética de nuestros parlamentos.

     Algunos legisladores aducen que mientras que otros u otros partidos no respeten las normas éticas es imposible sobrevivir en la política respetándolas, o que mientras no se haga una reforma integral no se pueden corregir ciertas actitudes, o que la falla está en nuestra cultura, en nuestro sistema educativo o en la Constitución.

     El argumento relacionado con los otros revela, en el mejor de los casos, inseguridad, desconfianza y falta de aptitud para inducir el cambio. El buen diputado tiene una vocación transformadora. Su motivación para servir a la Patria surge de su convicción de que las cosas no marchan bien y de que tiene las posibilidades y las ideas para mejorarlas. Si la razón para no actuar de acuerdo a lo que considera bueno para la Patria, es que otros no actúan de la misma manera, significa que carece de la convicción y de la voluntad para contribuir con su propia participación a hacer el cambio. De hecho está aceptando que corresponde a otros esa responsabilidad y reconociendo su incapacidad o falta de vocación.

     Además, desde el punto de vista lógico, tal argumento es absurdo. Cuando cada uno espera que los otros cambien para cambiar, nadie cambia. De ese modo se mantienen las fechorías y las transgresiones contra la Patria, para beneficio directo de los corruptos y mentirosos que se hacen pasar por patriotas y de otros, que aún sin padecer esas patologías, fundan su liderazgo en el disimulo, la cohonestación, la permisividad y hasta la promoción, en relación con esos comportamientos.

     Por otra parte, algunos políticos proponen que las corruptelas, abusos y mentiras, sólo se pueden corregir de manera integral. Con una gran solemnidad intentan descalificar las propuestas de aquel que propone eliminar esas transgresiones, argumentando que se trata de parches y afirmando que estarían de acuerdo si se tratase de una reforma general del sistema político. Asimismo, califican de superficial y parcial las luchas dirigidas a controlar los abusos con viajes al exterior financiados con el erario público, a evitar el uso de vehículos propiedad del Estado en actividades personales, a eliminar la práctica de comer y beber a costa de la hacienda pública, a prohibir el uso de recursos del fisco con el fin de promover la imagen de los jerarcas públicos o a evitar el nombramiento de personal en las instituciones a partir de su parentesco con los jerarcas o de su afiliación política. Con un ejemplarizante "rigor técnico" afirman que la eliminación de esas corruptelas y pequeños robos requiere de "estudios integrales sobre la problemática del sector público".

     Ante esos argumentos utilizados, por supuesto, como excusa para seguir sirviéndose de la Patria, cabe preguntar por los estudios que se hicieron para introducir cada una de esas fechorías o por la reforma integral que en su momento culminó con esa batería de pequeños y grandes robos. Lo cierto es que cada uno de ellos se inició en el marco de disimulos y acuerdos, ni integrales ni originados en estudios, entre mal llamados políticos que encontraron formas de beneficiarse en lo personal con los recursos de todos.

     También se ha propuesto corregir los problemas éticos asociados con algunos políticos, por medio de una reforma educativa o de una reforma constitucional. Algunos analistas, de buena intención, han llegado a este tipo de conclusiones revelando, en la práctica, resignación y renuncia a seguir luchando. La verdad es que del mismo sistema educativo y al amparo de la misma constitución han surgido numerosos políticos decentes y comprometidos.

    Además, debe tenerse en cuenta que las transgresiones éticas predominantes -la mentira, el abuso con recursos públicos, la lealtad partidaria por encima de la lealtad a la Patria, la relativización de lo que es una buena o una mala propuesta de acuerdo a su origen, etc.-, corresponden al campo de la moral. De ese modo el alma de cada diputado se basta así misma para indicarle de que manera violan los principios con que todo ser humano nace.

     Aquellos que respetan esos principios no lo hacen porque el sistema educativo así se los enseñó o porque el marco constitucional así los obliga, sino simplemente porque son seres humanos. Quienes no los respetan lo hacen a partir de cálculos, oportunismos y ambiciones que les inducen a colocar la Patria como medio para el alcance de sus fines personales. En fin, lo hacen porque el alma sólo informa a la persona sobre lo que es bueno y lo que es malo, pero no define el comportamiento, pues en esta tarea también participan el corazón (las pasiones y sentimientos), el cuerpo (los deseos y las necesidades físicas) y la mente (el razonamiento y los conocimientos).

     La información que provee el alma al político no depende de factores externos sino del hecho de ser humano y nada más. Por esto el analista decente que afirma que el comportamiento de algunos políticos sólo será superado cuando se reforme el sistema educativo o la Constitución, no hace más, aunque esta no sea su intención, que justificar y dotar de un contexto de respetabilidad cuasi-científica, la actitud de esos políticos.

E-i Un Código de Etica

     En algunos países se ha intentado poner límites a la corrupción por medio de Códigos de Etica o de leyes específicamente dirigidas a tipificar delitos y establecer penas. A nivel internacional hoy se cuenta con herramientas dirigidas a reducir la corrupción con énfasis en la que afecta la confianza del inversionista. Por ejemplo, en 1997 entró en vigencia la Convención Interamericana Contra la Corrupción , al ser ratificada por una mayoría de los países firmantes.

     Tradicionalmente han existido códigos de ética en las fuerzas armadas, colegios profesionales y en instituciones públicas específicas. Una de sus ventajas radica en la posibilidad de crear sanciones en la sede misma de las instituciones donde se viole sin menoscabo de las sanciones penales existentes en sede judicial.

     Más allá de esa posibilidad, el proceso de elaboración, divulgación, discusión y puesta en práctica del articulado de un Código, puede ser un componente importante dentro de los esfuerzos para desmitificar el tema de la ética y privilegiarlo con un espacio prioritario dentro de la agenda política nacional.

     En el caso del Poder Legislativo la existencia de un Código que incluya sanciones y de un Comité de Etica para que lo ponga en práctica, no garantiza su efectividad.

     Recordemos que el Comité de Etica Legislativa estará conformado por diputados. A ellos les corresponderá discutir y proponer sanciones políticas y morales contra colegas con los cuales se comparte intensamente como ocurre en toda Asamblea Legislativa. La experiencia demuestra que los transgresores disponen y utilizan numerosas herramientas para disuadir al diputado decente, y sobre todo al que denuncia, su comportamiento. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica las comisiones legislativas, nombradas para estudiar solicitudes de los tribunales de justicia para quitar el fuero de la inmunidad a diputados que enfrenten causas penales, por lo general rechazan la solicitud. Mucho más difícil será que los diputados al interior de la Asamblea impongan sanciones contra sus colegas. El silencio por cualquier razón, la complicidad por omisión y la negligencia, caracterizarán la práctica en esta materia.

     Por lo anterior en el caso del Poder Legislativo un Código de Etica puede tener mayor impacto si se establece una norma que obligue a su lectura y discusión periódica. Su lectura, aunque sea únicamente una vez por año en una sesión formal, podría constituirse en una formidable herramienta disuasiva. No porque de alguna manera enseñe a los legisladores lo que es correcto o incorrecto (como se afirmó antes esto lo conoce todo ser humano), sino por la posibilidad de que al escuchar el recordatorio los transgresores sucumban ante la vergüenza y decidan rectificar.

     Esta práctica causará aprehensiones aún en aquellos legisladores más proclives a transgredir éticamente. La certeza de que, por ejemplo, una sesión al año se va a destinar a leer y discutir el Código, hará pensar dos veces a los potenciales transgresores. Ese recordatorio anual, llevado a cabo sin necesidad de que un miembro en particular lo propicie, pondrá a los diputados no de cara a personas sino a normas éticas. Todo ocurrirá ante la presencia de los otros diputados, el personal legislativo y los periodistas que cubren el poder legislativo (los cuales normalmente se enteran de todas la fechorías que ocurren ahí).

     De estas observaciones no debe concluirse que las sanciones y los Comités de Etica no deben crearse dentro del Código. Más bien se trata de enfatizar que la obligación relacionada con la lectura y el debate recurrente del Código no debe estar ausente en su articulado.

     Un Código debería tener los siguientes componentes sustantivos:

i.- un conjunto de deberes de los diputados,
ii- un conjunto de prohibiciones,
iii.- un régimen sancionatorio, 
iv.- mecanismos para poner en práctica el Código tales como la creación del Comité de Etica,
v.- la obligación de lectura y debate periódicos y
vi.- los mecanismos de capacitación y divulgación.

     En relación con el punto vi, es conveniente que el Código contenga obligaciones sobre la capacitación anual a empleados legislativos, periodistas que atienden las noticias parlamentarias y a los diputados al asumir funciones. Esas obligaciones deben contemplar la participación de los medios de comunicación en jornadas anuales para divulgar los contenidos del Código.