D.-ETICA LEGISLATIVA Y DESARROLLO

     La calidad del parlamento afecta profundamente el proceso de desarrollo. Tanto acciones carentes de ética, como algunas omisiones en el cumplimiento de sus responsabilidades, conspiran contra la buena marcha de nuestros países, sobre todo en una época de profundos cambios como la actual.

    En el parlamento está concentrado el poder que en las dictaduras y las monarquías medievales emanaba de un círculo cerrado de lealtades absolutas. Dado que los niveles de eficiencia en la toma de decisiones son determinantes para impulsar el desarrollo, el parlamento tiene un enorme reto en este campo. Por otra parte, en la dictadura las opiniones y las reacciones de la gente no tienen la relevancia que ostentan en la democracia. De ahí que la dictadura dispone de mayores márgenes de maniobra que la democracia para un comportamiento reñido con la ética.

     La mala reputación ética del poder legislativo incide en el proceso de desarrollo porque ahuyenta la inversión, aumenta el déficit fiscal, reduce la eficiencia de la burocracia y deteriora el nivel de gobernabilidad.

D-i Etica Legislativa e Inversión

     El sector privado invierte de acuerdo a las expectativas de ganancias. La incertidumbre generada por la corrupción y la falta de transparencia afecta negativamente esas expectativas. Cuando todas las reglas están sobre la mesa, son neutrales y se aplican eficientemente, la rentabilidad va ser más controlable por el inversionista.

     La intensificación de los vínculos entre las diferentes economías y la liberación de las cuentas de capital, dota a este elemento de una nueva importancia en la definición de las ventajas comparativas de un país en relación con otros.

     La estabilidad política, el nivel de transparencia, el respeto al estado de derecho y la protección de los derechos de propiedad, determinan buena parte de lo que se ha denominado el capital social de un país. Aunque para los enfoques institucionales este tema ha sido siempre importante, recientemente varios organismos internacionales (ej. OECD, FMI, BIRF) han comenzado a incorporarlo plenamente en su paradigma de desarrollo.
Si bien es cierto el poder legislativo no es responsable de la administración, si dispone de herramientas para inducir mayores niveles de transparencia. El Control Parlamentario existe en parte para cumplir esa función. Sin embargo, para investigar, denunciar y proponer sanciones, los diputados deben ser ellos mismos ejemplos de transparencia. De otra manera el transgresor dentro de la administración tendrá armas para impedir el control parlamentario.

     En muchos casos los diputados, sobre todo los miembros del partido político que gobierna en un momento determinado, apartándose de sus funciones, comprometen su independencia con el Poder Ejecutivo, lo cual también les impide llevar a cabo las tareas de vigilancia sobre su calidad ética. Esto ocurre cuando, por ejemplo, se solicitan partidas del presupuesto para fines específicos, cuando se negocia el nombramiento de amigos, allegados o parientes en los órganos del poder ejecutivo o cuando de alguna otra manera el diputado, al margen de sus responsabilidades constitucionales, debe favores al Poder Ejecutivo.

    La independencia del Poder Legislativo y de cada uno de sus miembros, es un principio fundamental del desarrollo del estado democrático moderno. El sistema de pesos y contrapesos pierde efectividad si uno de los poderes se somete al otro.

     La ausencia de una actitud vigilante de parte del Poder Legislativo, facilita la corrupción dentro de la administración pública. Esto reduce la inversión del sector privado, lo que afecta directamente el ritmo de crecimiento económico.

D-ii Etica Legislativa y Finanzas Públicas

     Los abusos de los diputados con los fondos públicos tienen efectos multiplicadores especialmente nefastos en las finanzas del estado. El diputado es electo para representar los intereses de la gente (contrario a, por ejemplo, los ministros que son electos para apoyar al Presidente de la República). Le corresponde aprobar los impuestos, el sistema de pensiones, los diversos sistemas de regulación y la abundante legislación relacionada con la protección de los consumidores.

     Todas estas responsabilidades se llevan a cabo en el contexto de límites presupuestarios y constitucionales que por lo general dificultan la satisfacción de las expectativas de la población. Cuando el propio diputado abusa con los recursos, la gente fortalece sus presiones para obtener concesiones extraordinarias. y el diputado pierde la autoridad moral para actuar responsablemente.

     Es factible que aún en la dictadura el ejemplo sea más eficaz que la orden, sin duda en la democracia es lo único eficaz . Si el ejemplo es negativo, el resultado tiende a ser un mayor desequilibrio en las finanzas públicas.

     Por otra parte, el abuso con los recursos públicos por parte de los representantes del pueblo (los miembros del primer poder de la República), reduce las angustias éticas de la burocracia ante sus propias transgresiones (si los escogidos lo hacen por que no yo que no soy nadie).

     Así mismo los contribuyentes, encuentran menos restricciones morales para evadir impuestos cuando los legisladores utilizan parte de esos recursos para beneficio personal.

     Los efectos multiplicadores de esta dinámica terminan manifestándose en un mayor déficit en las finanzas públicas, en mayores tasas de inflación y de interés y, por lo tanto, en menor crecimiento económico.

D-iii Etica Legislativa y Gobernabilidad

     Si por gobernabilidad entendemos la eficiencia en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas, su nivel está determinado fundamentalmente por la calidad ética del Parlamento.

     Un clima de duda y la sospecha de que existen agendas ocultas o intenciones no expresadas públicamente, acompaña la gestión política en nuestros países. Esto ha retardado o impedido la toma de decisiones aún en los casos en que las dudas carecen de fundamento.

     La población no tiene dificultades pare explicar el origen de sus sospechas sobre las intenciones declaradas de los gobernantes. El parlamento, siendo un poder sometido al escrutinio público permanente y de fácil acceso a los ciudadanos y a los medios de comunicación, aporta numerosos ejemplos de atentados contra la verdad.

     Los casos mencionados en el apartado TRANSGRESIONES ETICAS en su mayoría constituyen violaciones a la coherencia, la palabra, las promesas, en fin, a la verdad. Cuando un diputado arremete contra un partido contrincante porque estando en gobierno desperdició recursos en la promoción de su imagen y lo disimula y hasta defiende cuando lo hace su propio partido, está afirmando con los hechos el poco valor que le atribuye a la coherencia. Cuando en campaña se promete una guerra sin cuartel contra el neoliberalismo y en funciones se da el voto a proyectos de ley sustentados en esta ideología, se está informando al país el poco valor que le atribuye a la verdad.

     La violación de la verdad y la impunidad con que tal acto está privilegiado en los ámbitos legislativos, ha destruido la disposición a creer. En la mayoría de los casos, la gente no tiene ideología u opiniones sobre los temas por ejemplo de reforma del estado. Si creyeran en las intenciones declaradas de los gobernantes apoyaría casi cualquier medida.

     La confianza en los gobernantes es de importancia capital en la democracia. Tal y como lo concebía Locke, numerosos hechos de la vida de un país son impredecibles. La consecuente discreción con que deben contar los legisladores será efectiva si además cuentan con el beneficio de la duda de los ciudadanos . La desconfianza divide los pueblos y debilita la Patria.

     La normativa escrita, constitucional y legal, no basta para la efectividad de la democracia. Las carencias éticas reducen la legitimidad requerida para que el Poder Legislativo pueda utilizar la discrecionalidad necesaria para cumplir sus funciones. Llevado a ciertos límites es factible que el dictador honesto y veraz tenga más legitimidad para gobernar que el demócrata corrupto o mentiroso. Aunque la posibilidad de que ese tipo de dictador exista tuviese sólo interés académico, esta afirmación sirve para ilustrar la importancia de la moral para la democracia.

     Hirsch y otros economistas han hecho notar que el marco jurídico del sistema de libre empresa no se basta así mismo para funcionar adecuadamente, enfatizando que su éxito ha dependido en parte de valores morales pre-capitalistas, tales como la solidaridad y el honor. Con más razón podemos afirmar que la efectividad del gobierno (la gobernabilidad) en una democracia, donde el contrato es menos factible que en la actividad económica, depende fundamentalmente de la moral.

     Debemos, por otra parte, mencionar que numerosos diputados no dedican suficiente esfuerzo a trabajar sobre la estrategia nacional de desarrollo, ya sea porque utilizan su tiempo en otros menesteres ajenos a su función o simplemente porque no la desempeñan con el tesón que la Patria espera. En otros casos los compromisos adquiridos con el Poder Ejecutivo por los diputados en el proceso de transacción de, por ejemplo, puestos, partidas presupuestarias y la selección de beneficiarios de la política social, han tenido como resultado que los proyectos de ley y los convenios internacionales presentados por el Poder Ejecutivo y con los que se construye el modelo de desarrollo, se voten positivamente y, por lo general, sin ninguna discusión de fondo.

     En muchos casos tales actitudes han impedido que los temas más importantes de la vida de los países tengan presencia en el Primer Poder de la República y han dejado un espacio vacío el cual ha sido ocupado por los organismos financieros internacionales y grupos de interés económico local. Asimismo han permitido a las autoridades políticas del área económica pactar la estretegia de desarrollo con tecnócratas foráneos y no con la representación diversa y democrática que se manifiesta en el Parlamento. Como resultado los contenidos de los acuerdos firmados con los organismos financieros internacionales no se han convertido en parte de las ideas fuerza del país y su puesta en práctica tiende a ser ineficiente y controvertida.

     En fin, la común patología ética legislativa de relativizar, a veces dramáticamente, la verdad, y la ausencia total de sanción ante esa práctica, es la principal materia prima de la dificultad para creer. Esta, junto a la ausencia de independencia, de estudio y trabajo serio, constituyen un enemigo de la gobernabilidad y, por lo tanto, del progreso de nuestros países.