Política y dinero en la democracia costarricense
Recomiendan sanciones reales para infractores y más poder para el órgano electoral
Elizabeth Badilla
ebadilla@funpadem.com
Lunes 2 de Diciembre del 2002

     Cambios profundos en la leyes electorales, un Tribunal Supremo de Elecciones fortalecido, sanciones drásticas a los infractores y para los donantes, y, un Estado que contribuya con el gasto electoral de manera equitativa; estas son las principales recomendaciones del foro El reto de la transparencia financiera en la democracia, efectuado en San José, Costa Rica el 18 de los corrientes.

     El evento, organizado por la Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Democracia, FUNPADEM, con el auspicio del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, TSE, y el International Institute for Democracy and Electoral Assistance, IDEA, así como el patrocinio de la Fundación Konrad Adenauer, analizó la situación latinoamericana y los casos específicos de Chile, Colombia, México y Costa Rica. Para analizar profundamente el caso de este último país se constituyeron tres mesas de trabajo de las cuales salieron, entre otras, las siguientes recomendaciones:

     Los límites del sistema de financiamiento político: el panel de expertos recomienda el financiamiento mixto para los partidos y las campañas -Estado y contribuciones privadas-, pero en un escenario de transparencia, donde se brinde amplia publicidad, y en donde se conozcan las fuentes de financiamiento y el destino del dinero. Debe ser un financiamiento con equidad, que cubra a todos los partidos políticos y a todos los ámbitos -nacional, local y regional-, y con límites reales en cuanto a la cantidad y el tipo de gasto permitido. Con ese financiamiento mixto también debe de cubrirse un programa de capacitación política a todo nivel.

     El gasto electoral: para los especialistas los recursos públicos deben destinarse en parte a construir una nueva cultura política de tal forma que esta no sea cada período electoral sino un compromiso serio de investigación, educación y desarrollo. Plantean la necesidad de que los partidos políticos presenten al TSE un presupuesto para capacitación y que este órgano tenga la autoridad para fiscalizar los gastos. También, proponen una reforma al artículo 96 de la Constitución Política que fije un porcentaje para la formación dentro de los partidos políticos. Además, señalan la urgente necesidad de abrir espacios de discusión y formación pública sobre estos temas.

     Régimen de sanciones y fiscalización: es urgente fortalecer las funciones del órgano electoral en materia de control de gastos e ingresos así como establecer sanciones de tipo político penal y administrativo a los infractores. En este caso urgen el establecimiento de mecanismos obligatorios y eficientes para reportar ingresos y gastos. Para ello plantean que el TSE, en cuentas bancarias, administre los dineros de los partidos, que se establezcan topes a las donaciones e individualizar a los infractores.

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