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José Joaquín Chaverri Sievert
jjch98@yahoo.com
Para Costa Rica, como para las demás naciones del mundo, la esperanza de superar las brechas de inequidad y pobreza está puesta en el mundo del trabajo, cuyas condiciones, en la era de la globalización, exigen un compromiso estatal con políticas laborales que hagan sostenibles los esfuerzos para lograr el progreso humano. Las nuevas sociedades del conocimiento consolidan su capital humano por medio de la educación y el uso de las nuevas tecnologías, buscando para ello la estabilidad económica a través de un sistema de compensaciones sociales que equilibre el intercambio y la producción; que disminuya las brechas sociales. Así, el desarrollo en materia laboral en Costa Rica es un arma estratégica para consolidar sus altos índices de Desarrollo Humano, y para mejorarlos amplia y sensiblemente.
Ya con el Proceso de Concertación realizado desde 1998, nuestro país obtuvo acuerdos importantes en materia laboral y de libertad sindical, que han permitido estabilizar las políticas salariales y fortalecer el sistema nacional de pensiones y de auxilio por cesantía. El régimen laboral del país posee un carácter preponderante en nuestro Estado de Derecho. Por eso, nuestro país ha ratificado los más importantes convenios internacionales de la OIT que, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución Política, poseen una autoridad mayor a la de las leyes. Se han ratificado 49 convenios, 47 de los cuales ya han entrado en vigencia, mientras otros 14 siguen su trámite legislativo. De esta forma, Costa Rica ha tomado la iniciativa en la aprobación de legislaciones sociolaborales completas en América.
Estos procesos han implicado un diálogo y compromiso abierto entre el gobierno, los grupos de trabajadores y las organizaciones patronales. Lo demuestran medidas tales como la reciente firma del Acuerdo de Cooperación Laboral entre Costa Rica y Canadá, suscrito en el marco del Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, en abril del presente año, y que busca garantizar los derechos internacionalmente reconocidos de los trabajadores, de manera que el capital humano de nuestros países pueda desarrollarse segura y competentemente en un mercado mundial cada vez más complejo y siempre frágil. A la vez, se pretende darle sostenibilidad al intercambio comercial para aprovechar al máximo sus ventajas comparativas mediante la cooperación laboral entre los sectores involucrados. Se cuenta para esto con la dirección del Estado en casos donde se impone el interés mayor por el bienestar social, pues esta planificación conlleva nuevos compromisos para reducir la corrupción y evitar privilegios injustificados que dañen el actual sistema de compensaciones sociales y laborales.
El interés del gobierno por responder a este compromiso se ha visto traducido en la disminución de demandas presentadas contra el país ante el Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, que entre los años 1996 y 1999 cayó de 43 a 2, respectivamente, pues se ha entendido que sólo en la medida en que estos y otros índices reflejen una mejora sustancial en la calidad de vida de los costarricenses, en el marco de una mayor estabilidad social y económica, podremos congratularnos por los esperanzadores índices hasta ahora logrados.
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